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Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial
de la Provincia de Buenos Aires

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Declaración 2010
La Federación Latinoamericana de Magistrados se manifestó en contra de los exámenes cada cuatro años Así se pronunció este organismo de jueces de la región, que se reunió en Mar del Plata en una asamblea, tras la denuncia de magistrados por actos de poderes políticos que atentan contra el ejercicio de la independencia judicial

   

                                                   

 

Declaración de FLAM: Jueces de la región rechazan el proyecto que prevé examinarlos




La Federación Latinoamericana de Magistrados se manifestó en contra de los exámenes cada cuatro años que estipula una proyecto local de reforma del Consejo de la Magistratura. Y ordenó a las autoridades "respetar" las decisiones judiciales

  

Así se pronunció este organismo de jueces de la región, que se reunió en Mar del Plata en una asamblea, tras la denuncia de magistrados por actos de poderes políticos que atentan contra el ejercicio de la independencia judicial.

Esta federación aúna magistrados de la Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Puerto Rico.

La propuesta de examinar a los jueces fue presentada por el diputado kirchnerista santafecino Alejandro Rossi y despertó críticas desde el Poder Judicial y la Corte Suprema.

  

 

La declaración íntegra


“DADO que la Federación Latinoamericana de Magistrados es un organismo regional integrado -como sociedad civil- a la Organización de Estados Americanos, cuyo propósito principal es la defensa irrestricta de la independencia de los poderes judiciales, para asegurar que la tutela efectiva de los derechos fundamentales y las libertades individuales la ejerzan jueces imparciales y libres de toda presión, condicionamiento o injerencia indebida”.

“CONSIDERANDO que en el curso de la asamblea general ordinaria celebrada en la ciudad de Mar del Plata, las asociaciones de jueces de Argentina, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y México han denunciado actos concretados por los poderes políticos de sus respectivos países, que constituyen flagrantes atentados al ejercicio de la función jurisdiccional independiente”.

“En ese sentido cabe destacar que, según los casos y a modo de síntesis, se ha pretendido debilitar la garantía de estabilidad de jueces y magistrados sometiéndolos a evaluaciones periódicas por parte de Consejos de la Magistratura u otros organismos en cuya integración predomine la representación política, como condición para mantenerlos en sus funciones, llegándose, en ocasiones, a promover procesos destituyentes ante decisiones jurisdiccionales contrarias a intereses políticos, se ha intentado desprestigiarlos frente a la sociedad".
 
"O bien restado la protección necesaria para evitar atentados contra su seguridad personal por parte del crimen organizado, se han desconocido decisiones que se debían acatar así como también requisitos legalmente impuestos para instrumentar la carrera judicial y se han restringido partidas presupuestarias o rechazado la posibilidad de instrumentar la autarquía financiera de los Poderes Judiciales".

Por ello la asamblea de la Federación Latinoamericana de Magistrados, DECLARA:

1) REPUDIAR todo proyecto que, so pretexto de adoptar mecanismos de capacitación o evaluación de jueces y magistrados, persiga su garantía de estabilidad, protegida por tratados internacionales y las constituciones de los países involucrados.

2) CONDENAR los atentados a la vida de los jueces cometidos por el crimen organizado y exhortar a que se provea lo necesario para asegurar su total protección.

3) EXIGIR a las autoridades públicas el acatamiento de las decisiones judiciales y el respeto de las vías recursivas como único remedio posible a sus dictados evitando la iniciación de juicios de remoción que se funden en que aquéllas difieren con intereses políticos.

4) DEMANDAR que se provean los mecanismos legales y recursos económicos dirigidos a instrumentar la necesaria autarquía financiera de los poderes judiciales, para evitar una indebida dependencia que condicione la adecuada administración de justicia, que es deber de los Estados garantizar a todos los ciudadanos.



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