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Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial
de la Provincia de Buenos Aires

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Miembro integrante de la Federación Argentina de la Magistratura

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PROYECTO CODIGO DE ETICA JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROYECTO

PROLOGO

 

A menudo los términos moral y ética son utilizados como sinónimos, y, de hecho, se trata de dos términos acuñados respectivamente sobre la base de una etimología latina y de una etimología griega que tienen el mismo significado: mores en el primer caso, y èthos, en el segundo, que significan ambos “costumbres”.

Con todo, la existencia de estos dos términos diferentes ha ofrecido la posibilidad (en cierto sentido convencional) de distinguir su significado técnico, definiendo la moral como el conjunto de normas y principios que regulan el obrar humano, y la ética como la reflexión crítica acerca de la moral, o sea, la ética tiene así a la moral como su propio “objeto de estudio”.

La necesidad de instaurar estos dos niveles resulta de una simple consideración. La moral dice al individuo: “tú debes hacer esto”. La reacción espontánea del individuo racional es la de inquirir: “¿por qué debo?”. Si damos como respuesta: “lo debes hacer porque de lo contrario irás a la cárcel”, o bien: “lo debes hacer para contentar a tus padres”, no habremos dado una respuesta verdaderamente racional. En el primer caso, nuestra “razón” coincide en realidad con la amenaza de la fuerza y, en el segundo, se basa sobre un argumento afectivo, que puede constituir una motivación, pero no es una justificación racional. Si, por el contrario, nos empeñamos en un intento de justificación racional de orden moral impartida, entramos en el terreno de la ética. Es decir, entonces, que la ética es el estudio reflexivo de un cierto tipo de acción humana normativa a la que llamamos acción moral.

De conformidad con lo expuesto supra, y siendo que el Poder Judicial es uno de los Poderes del Estado que, fundamentalmente, se diferencia de los otros dos, por la estabilidad funcional de sus integrantes, tales trascendentales circunstancias ameritan la realización de un Código de Ética y Deontología Judicial para la Provincia de Buenos Aires destinado a Magistrados y Funcionarios. Y debemos entonces conjugar tanto la actividad jurisdiccional, propia de quienes ejercen la Magistratura con la Fedataria, para quienes se desempeñan como Funcionarios en virtud de considerar a la ética como una sola. Sin perjuicio de tener presente que a cada actividad le corresponderá distintos alcances y límites en virtud de los deberes inherentes a su función.

Pero, más allá de que dicho Código pueda, de alguna manera, trazar principios esenciales que hagan a la actividad judicial, lo que se procura perseguir a través de las normas que integrarán dicha obra, es que melle en la conciencia de quienes pertenecen al Poder Judicial, la idea que por deber tiene la misión primordial de juzgar la actividad humana, y además fluya del espíritu de quienes deban dictar sus resoluciones y fallos, un único sentido, el que tienda al Bien Común.

 

 

CAPITULO I

 

AMBITO DE APLICACION Y OBJETO.

 

ARTICULO 1: Este Código será aplicable a todos los Magistrados, Funcionarios y todo Agente designado por acuerdo del Senado pertenecientes al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, y tiene por objeto establecer los principios fundamentales que deben regir la función judicial, determinando los deberes y exigencias aplicables a los agentes a quienes va dirigido, que también constituyen derechos que pueden ser reclamados por estos mismos sujetos, para la mejor satisfacción de todos los aspectos institucionales, sociales y personales abarcados por el servicio que presta el Poder Judicial.

Para la inteligencia del texto de este Código, se utilizará el término “Magistrados”, para designar a Jueces, Fiscales, Defensores y aquellos cargos designados con Acuerdo del Senado; y el término “Funcionarios”, para designar a los Secretarios, Auxiliares Letrados, Instructores Judiciales y Peritos Oficiales.-

 

 

CAPITULO II

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ÉTICA JUDICIAL

 

ARTICULO 2: INDEPENDENCIA. El juez deberá mantener la independencia en sus decisiones, para así garantizar un poder judicial autónomo, adoptando aquéllas según su conciencia jurídica y ética, sin dejarse influenciar por ningún tipo de interferencias tanto del ámbito público como del privado, pudiendo reclamar el juez que le sea reconocido este derecho, así como que le sean suministrados los medios que posibiliten o faciliten su independencia.

ARTICULO 3: IMPARCIALIDAD. El juez deberá mantener con las partes que intervengan en las cuestiones bajo su órbita, una igualitaria equidistancia, persiguiendo con objetividad y con fundamento en las pruebas que están ante él, la verdad de los hechos, a fin de promover la confianza pública en la labor jurisdiccional y en el Poder Judicial. Asimismo, si existiera alguna situación que motivara que no pudiera desempeñarse al amparo de dicha actitud, el juez procurará apartarse del conocimiento de dicha causa.

 

ARTICULO 4: CONCIENCIA INSTITUCIONAL. El juez debe ser consciente de que, con su investidura, ejerce la actividad jurisdiccional que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires otorga al Poder Judicial, determinando a través del Derecho vigente, las decisiones justas para los casos que caen bajo su conocimiento, teniendo principalmente en cuenta que sus funciones judiciales, toman precedencia sobre todas las demás actividades, asumiendo un compromiso activo en el buen funcionamiento de todo el sistema judicial.

ARTICULO 5: CONOCIMIENTO Y CAPACITACION. La obligación del juez de brindar un servicio de calidad en la administración de justicia, exige el conocimiento amplio y cabal del Derecho vigente, y de aquellas técnicas y saberes que favorezcan el mejor cumplimiento de su función, circunstancia que tiene su fundamento en un básico derecho de los justiciables y de la sociedad en general, que le confían la potestad de decidir las cuestiones tendiendo al bien común. Este principio también exige que el juez motive y facilite la formación de otros miembros de la dependencia a su cargo, manteniendo una actitud activa y colaboradora en cualquier actividad conducente a la formación judicial.

ARTICULO 6: JUSTICIA Y EQUIDAD. El juez debe ser equitativo, resolviendo desde el Derecho vigente, los casos llegados a su conocimiento, adecuando éste a las particularidades de cada caso concreto, efectivizando así el fin último de la actividad judicial que es realizar la justicia por medio del derecho. La presencia de la justicia y la equidad en los procesos judiciales se hace efectiva cuando el juez se halla orientado a una efectiva igualdad de todos ante la ley.

ARTICULO 7: DIGNIDAD Y TRANSPARENCIA FUNCIONAL. El juez debe tener conciencia de la trascendencia social de su función, y por lo tanto debe procurar tanto en su vida privada como en la profesional, evitar ostentar actitudes o comportamientos que puedan menoscabar su investidura y autoridad, teniendo cabal conocimiento de que el ejercicio de la función jurisdiccional supone exigencias a las cuales el resto de sus conciudadanos no están sometidos. Debe documentar todos los actos de su ejercicio, permitiendo su publicidad, siendo ello una garantía de la justicia de sus decisiones.

ARTICULO8: PRUDENCIA. El juez prudente es el que procura que sus decisiones, actitudes y comportamientos sean el resultado de un juicio justificado racionalmente, luego de haber meditado y valorado argumentos y contra argumentos disponibles, en el marco del Derecho aplicable, analizando las distintas alternativas que proporciona éste, y evaluando las posibles consecuencias . El juicio prudente exige al juez capacidad de comprensión y esfuerzo por ser objetivo.

ARTICULO 9: HONESTIDAD. El juez no debe recibir beneficios al margen de los que por Derecho le correspondan, ni utilizar en forma abusiva o incorrecta los medios que tiene a su alcance para el ejercicio de su función, evitando con las medidas necesarias, que surjan dudas razonables sobre la legitimidad de sus ingresos, o patrimonio, como forma de fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en la justicia, contribuyendo al prestigio de la rama judicial.

 

ARTICULO 10: SECRETO PROFESIONAL. El juez debe guardar absoluta reserva y secreto profesional de las causas que estén bajo su competencia, así como de los hechos o datos de los que tenga conocimiento en virtud del ejercicio de su función, no valiéndose de dichos datos de forma que se vea comprometido el correcto ejercicio de su cargo ni los derechos de las partes, arbitrando los medios para que los demás dependientes de la oficina judicial también cumplan con la reserva de referencia.

ARTICULO 11: DILIGENCIA. El juez debe procurar la conclusión de los procesos a su cargo en un tiempo razonable, evitando la injusticia que importa una resolución tardía, omitiendo disponer actividades dilatorias, procurando la realización de los distintos actos procesales con la máxima puntualidad, cumpliendo del mejor modo las funciones que le son propias, con una actitud positiva hacia los sistemas de evaluación de su desempeño.

ARTICULO 12: BUENA FE. El juez debe tener una actitud que inspire confianza tanto por parte de sus colaboradores, como también por parte de los justiciables y auxiliares de justicia, y en general con todos los que se relacionen con la administración de justicia, comportándose con sinceridad, coherencia y mesura.

ARTICULO 13: FORTALEZA. El juez debe guiarse por la conciencia clara de su alta responsabilidad, y, consiguientemente, adoptar las decisiones que correspondan no obstante el riesgo que ellas conlleven.

 

 

CAPITULO III

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES

DE LOS MAGISTRADOS

 

ARTICULO 14 : Deberán brindar a cada causa el estudio que ella requiera, a cuyo fin se prestará absoluta atención y dedicación, como así también se deberán analizar y resolver los planteos y peticiones propuestas por las partes, conducentes a su resolución. Se atenderá adecuadamente a los justiciables, a su entorno familiar y/o ante quien o quienes esté a cargo el mismo, satisfaciendo tales pedidos o, en su caso, explicar adecuadamente el porqué del dictado de una resolución adversa a los intereses del peticionante. Para quien lo necesite procurarán hacerlo de manera clara y sencilla, a fin de que se entienda lo que se pretende explicar.

ARTICULO 15: Deberán resolver jurídicamente las causas en el término fijado por el ordenamiento procesal, o, en su caso, que no exceda el tiempo razonable, conforme la complejidad del suceso disvalioso, procurando que prime la justicia y la equidad; debiendo hacerlo con honestidad, fortaleza, coherencia, firmeza y convicción sincera, sobre la base de que la Justicia, como tal, es un Servicio y de que se deberá Servir a Ella, y no Servirse de Ella.

ARTICULO 16: Deberán ser y mostrarse imparciales e independientes en la tramitación y resolución de las causas, por lo que evitarán, bajo todo punto de vista, que factores personales, sentimentales o institucionales externos interfieran en sus decisiones.

ARTICULO 17: Deberán abstenerse de recibir regalos, donaciones o beneficios por parte de litigantes y/o defensores, sea antes, durante o después de finalizado el proceso donde actúen. Esta condición se extiende, ante dicho supuesto, al cónyuge y a los hijos. Cuando ocurriera tal situación a través de sus colaboradores o por interpósita persona responderán, además, estos últimos, por la lesión jurídica eventualmente ocasionada, dándosele noticia al órgano judicial o administrativo, a los efectos legales correspondientes.

ARTICULO 18: Deberán procurar, bajo todo concepto, no apartarse con facilidad, ni menos aún mediante un artilugio jurídico de los expedientes que estén bajo la jurisdicción del Tribunal que integren o intervengan. No dictarán medidas que tiendan ulteriormente a paralizar la causa, evitando alentar el instituto prescriptivo.

ARTICULO 19: Obrarán con convicción republicana, conforme el Estado de Derecho emergente del Sistema Democrático, respetando los preceptos constitucionales, inexorablemente.

ARTÍCULO 20: En sus posibles contactos con la prensa, los jueces se abstendrán de:

a) anticipar directa o indirectamente el contenido de las decisiones que se adoptarán;

b) dar detalles de las causas en trámite evitando, bajo cualquier concepto, que las decisiones trasciendan;

ARTICULO 21: Las resoluciones firmes podrán ser motivo de análisis docente, impidiendo que las mismas puedan ser debatidas, antes del estadio procesal oportuno, en dicho ámbito como así también en el periodístico, tal como fuera señalado en el artículo precedente.

De ser utilizadas sus propias resoluciones, firmes, con fines pedagógicos o académicos, se tomará con absoluta rigurosidad las precauciones necesarias para no afectar los derechos y la dignidad de las partes intervinientes o de personas que hayan comparecido en calidad de testigos o peritos.

ARTICULO 22: No deberán participar en actos o reuniones de índole político partidario, evitando pronunciarse públicamente, implícita o explícitamente, acerca de su filiación política.

ARTICULO 23: Están absolutamente obligados a evitar realizar comentarios acerca de la honorabilidad, la capacidad y la vida familiar de sus colegas. Ni menos aún, sobre la intimidad de los mismos.

Rige igual obligatoriedad para unir las acciones individuales en pos de mejorar permanentemente el Servicio de Justicia.

ARTICULO 24: En el supuesto de que algún Magistrado se vea alcanzado, en su perjuicio, por alguna de las circunstancias enunciadas en el artículo precedente o que haya tomado conocimiento en forma directa o indirecta de ello, deberá formalizar la denuncia de rigor ante el Tribunal de Ética, a los fines de la sustanciación de las respectivas actuaciones, y la aplicación de la eventual sanción en orden al grado de trascendencia que alguna de las acciones descriptas hubieren ocasionado al perjudicado.

ARTICULO 25: Deberán ser prudentes, tolerantes y respetuosos de los colegas que discrepen en cuanto a la solución jurídica adoptada, y hacia sus críticas, las que de constituir una lesión ética, el damnificado deberá proceder a formalizar la denuncia respectiva ante el Tribunal de Ética, de conformidad con lo establecido en la norma precedente.

ARTICULO 26: No deberán utilizar el cargo para promover, insinuar o buscar algún rédito personal por cuestiones privadas que, contraríen la función judicial que desempeñen.

ARTICULO 27: Deberán conservar su despacho con el orden y el decoro que corresponde a la investidura del servicio de justicia que ejerzan.

ARTICULO 28: Deberán velar que entre los empleados del Tribunal al que pertenezcan, prime un clima de orden, respeto, eficacia, solidaridad, contención y capacitación permanente, a los fines de que se brinde un adecuado servicio de justicia; impidiéndoles sus cargos cualquier tipo de favoritismo, cualesquiera fuera la procedencia, hacia determinado colaborador o colaboradora.

ARTICULO 29: Deberán abstenerse de participar en actos o espectáculos públicos, o de concurrir a lugares, o reunirse con personas, que puedan afectar la credibilidad y el respeto propio de la función judicial que ostenten.

ARTICULO 30: Cumplirán sus funciones con eficiencia y diligencia, no apartándose del convencimiento de que la Justicia es un Servicio y como tal, no puede sufrir dilación, arbitrariedad ni falta de criterio razonado, lógico y científico en cuanto a las resoluciones que se dicten.

ARTICULO 31: Deberán proteger, conservar y evitar cualquier acto abusivo respecto de los equipos, útiles, libros y demás materiales de trabajo asignados al organismo judicial al que pertenezcan, no sólo desde lo personal, sino en relación a cada uno de sus colaboradores.

ARTICULO 32: Tienen impedido adquirir directa o indirectamente bienes en remate judicial que pudieren realizarse en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, ni en jurisdicciones en las que sus cargos pudieren otorgarles cierto privilegio.

ARTICULO 33: En caso de emitir opinión o consejo sobre promociones o designaciones judiciales, deberán hacerlo sobre la base del principio de idoneidad del postulante.

ARTICULO 34: Deberán en todo su hacer público o privado con trascendencia hacia terceros, mantener el decoro, la prudencia y la dignidad que le es propia a un Magistrado, aún, cuando no esté en el ejercicio de su cargo jurisdiccional o funcional.

 

 

CAPITULO IV

 

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES

DE LOS FUNCIONARIOS

 

ARTICULO 35: Deberán abstenerse de recibir regalos, donaciones o beneficios por parte de litigantes y/o defensores, sea antes, durante o después de finalizado el proceso donde actúen. Esta condición se extiende, ante dicho supuesto, al cónyuge y a los hijos. Cuando ocurriera tal situación a través de sus colaboradores o por interpósita persona responderán, además, estos últimos, por la lesión jurídica eventualmente ocasionada, dándosele noticia al órgano judicial o administrativo, a los efectos legales correspondientes.

ARTICULO 36: Se abstendrán de tener contacto con la prensa y con personas que no sean parte en el proceso, salvo indicaciones expresas de sus superiores. En tal caso, deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en el art. 20 del presente código.

ARTICULO 37: No deberán participar en actos o reuniones de índole político partidario, evitando pronunciarse públicamente, implícita o explícitamente, acerca de su filiación política.

ARTICULO 38: Están absolutamente obligados a evitar realizar comentarios acerca de la honorabilidad, la capacidad y la vida familiar de sus colegas. Ni menos aún, sobre la intimidad de los mismos.

Rige igual obligatoriedad para unir las acciones individuales en pos de mejorar permanentemente el Servicio de Justicia.

ARTICULO 39: En el supuesto de que algún Funcionario se vea alcanzado, en su perjuicio, por alguna de las circunstancias enunciadas en el artículo precedente o que haya tomado conocimiento en forma directa o indirecta de ello, podrá formalizar la denuncia de rigor ante el Tribunal de Ética, a los fines de la sustanciación de las respectivas actuaciones, y la aplicación de una eventual sanción.

ARTICULO 40: No deberán utilizar el cargo para promover, insinuar o buscar algún rédito personal por cuestiones privadas, contrarias a la función judicial que desempeñen.

ARTICULO 41: Deberán conservar su despacho con el orden y el decoro que corresponde a la investidura del servicio de justicia que ejerzan.

ARTICULO 42: Deberán velar que entre los empleados del Tribunal al que pertenezcan, prime un clima de orden, respeto, eficacia, solidaridad, contención y capacitación permanente, a los fines de que se brinde un adecuado servicio de justicia; impidiéndoles sus cargos cualquier tipo de favoritismo, cualesquiera fuera la procedencia, hacia determinado colaborador o colaboradora.

ARTICULO 43: Deberán abstenerse de participar en actos o espectáculos públicos, o de concurrir a lugares, o reuniones con personas, que puedan afectar la credibilidad y el respeto propio de la función judicial que ostenten.

ARTICULO 44: Cumplirán sus funciones con eficiencia y diligencia, no apartándose del convencimiento de que la Justicia es un Servicio y como tal, no puede sufrir dilación, arbitrariedad ni falta de criterio razonado, lógico y científico en cuanto a sus dictámenes y/o certificaciones.

ARTICULO 45: Deberán proteger, conservar y evitar cualquier acto abusivo respecto de los equipos, útiles, libros y demás materiales de trabajo asignados al organismo judicial al que pertenezcan, no sólo desde lo personal, sino en relación a cada uno de sus colaboradores.

ARTICULO 46: Tienen impedido adquirir directa o indirectamente bienes en remate judicial que pudieren realizarse en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, ni en jurisdicciones en las que sus cargos pudieren otorgarles cierto privilegio.

ARTICULO 47: Deberán en todo su hacer público o privado con trascendencia hacia terceros, mantener el decoro, la prudencia y la dignidad que le es propia a un Funcionario, aún, cuando no esté en el ejercicio de su cargo jurisdiccional o funcional.

 

 

CAPITULO V

 

TRIBUNAL DE ETICA

 

ARTICULO 48: Al Tribunal de Ética le corresponde evacuar por escrito las consultas que le formulen los magistrados, funcionarios, la Procuración de la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia sobre la interpretación y aplicación de las normas contenidas en el presente Código. Las consultas que se le formulen, y las respuestas del Tribunal de Ética, tendrán el carácter de reservadas, salvo que el interesado acepte o promueva su divulgación.

Las respuestas del Tribunal de Ética no son vinculantes para quienes las promovieran.-

 

ARTICULO 49: El Tribunal de Ética también intervendrá en las denuncias que al mismo se le presenten por observaciones a la conducta de un magistrado o funcionario, su actuación será reservada, conforme al reglamento que expida el propio Tribunal, el cual respetará en todo momento los principios del debido proceso y la defensa en juicio.-

Si el denunciante no fuera abogado se requerirá patrocinio letrado.-

 

ARTICULO 50: El Tribunal de Ética será presidido por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, e integrado asimismo por dos magistrados en actividad; dos  jubilados, que no ejerzan la profesión de escribano, abogado o procurador; un funcionario sin acuerdo del Senado y un abogado jubilado.

Los magistrados y el funcionario serán elegidos por elección indirecta por sus pares  en servicio activo y conforme la presente norma.-

Los miembros del Tribunal de Ética elegidos por los magistrados durarán cuatro años en sus funciones, con una sola reelección y con renovación parcial cada bienio.-

También se nombrara o se elegirá, en cada caso, un suplente para cada categoría.

De los ocho magistrados designados por votación, dos titulares y dos suplentes provendrán de la actividad jurisdiccional (dos de primera instancia y dos camaristas) y los restantes del Ministerio Público e intervendrán conforme la competencia de actuación del magistrado o funcionario denunciado.-

 

 

ARTICULO 51: Los miembros del Tribunal de Ética se designaran de la siguiente manera:

         a) La Suprema Corte de Justicia designará por Acuerdo especialmente convocado al efecto al Ministro que integrará el Consejo en su representación. Durará en el cargo CUATRO (4) años pudiendo ser reelecto solamente por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos nuevamente sino con intervalo de un período. En tal acto también designará  a su suplente.-

 

         b) Los Jueces de cada Departamento Judicial elegirán por mayoría simple mediante voto directo, secreto y obligatorio dos (2) representantes, que serán un (1) Juez de Cámara y un (1) Juez de Primera o Única Instancia, los que se reunirán con los representantes de los demás Departamentos Judiciales en Colegio Electoral y procederán a elegir y por el voto de las dos terceras partes de ellos: dos jueces en actividad y  dos suplentes como así también a dos jueces jubilados titulares y dos suplentes que no ejerzan la profesión de escribano, abogado o procurador .

 

         La Suprema Corte de Justicia determinará, el padrón de magistrados en actividad y jubilados habilitados para ser elegidos, el lugar y fecha de la celebración de las elecciones departamentales y del Colegio Electoral.

 

         c) Los Magistrados del Ministerio Público de cada Departamento Judicial elegirán por mayoría simple mediante voto directo, secreto y obligatorio dos (2) miembros del Ministerio Público local, los que se reunirán con los representantes de los demás Departamentos Judiciales en Colegio Electoral y procederán a la elección de un magistrado del ministerio Público en actividad. Y otro de igual categoría jubilado que no ejerzan la profesión de escribano, abogado o procurador  y un suplente para cada categoría.

 

         La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia determinará, el padrón de magistrados en actividad y jubilados del Ministerio Público habilitados para ser elegidos, el lugar y fecha de la celebración de las elecciones departamentales y del Colegio Electoral.

 

         d) Los funcionarios sin acuerdo del senado de cada Departamento Judicial elegirán por mayoría simple mediante voto directo, secreto y obligatorio dos (2) representantes, los que se reunirán con los representantes de los demás Departamentos judiciales en Colegio Electoral y procederán a elegir y por el voto de las dos terceras partes de ellos un funcionario sin acuerdo del senado y a su suplente.-

 

         e) La Suprema Corte de Justicia y la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia determinarán en forma conjunta, el padrón de funcionarios sin acuerdo del Senado habilitados para ser elegidos, el lugar y fecha de la celebración de las elecciones departamentales y del Colegio Electoral.

 

         f) El Colegio de Abogados de la Provincia Buenos Aires designará un abogado jubilado que integrará el referido Tribunal, por un plazo de cuatro años, con posibilidad de una reelección y a su respectivo suplente,.

 

         Los procesos electorales aquí establecidos serán llevados a cabo conjuntamente con los normados para la elección de los miembros de la magistratura por el estamento judicial.-

 

 

CAPITULO VI

 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD ETICA

 

ARTICULO 52: Presentada una denuncia ante el Tribunal de Ética, se dispondrá la formación de actuaciones las cuáles, serán públicas para las partes.-

 

ARTICULO 53: La denuncia podrá ser desestimada “in límine” cuando surja evidente la inexistencia de elementos que ameriten  la apertura de la investigación.-

 

ARTICULO 54: En caso contrario, se dispondrá la apertura de una investigación preliminar y se conferirá vista al cuestionado a los fines que ejerza su descargo  y ofrezca la prueba que considere pertinente por un plazo de diez (10) días, prorrogables por otro plazo igual, a pedido de parte interesada.-

 

ARTICULO 55: El denunciante no es parte, sin perjuicio de  estar legitimado  para tomar vista de las actuaciones.-

 

ARTICULO 56: En el supuesto de la existencia de otras denuncias que impliquen conexidad, se procederá a la acumulación de las mismas, salvo que implique grave retraso en la tramitación de la más antigua.-

 

ARTICULO 57: Pruebas: de las ofrecidas por la parte denunciante y el cuestionado, el tribunal dictará auto de pertinencia, autorizándose aquella que se considere esencial y desechando la o las que se consideren inoficiosas o superabundantes. Se podrá requerir a la Suprema corte de Justicia y a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, en su caso,  los informes o antecedentes que se refieran a los hechos denunciados.-

 

ARTICULO 58: Cumplida la prueba, los integrantes del Tribunal se abocarán al estudio de las actuaciones, a fin de emitir una recomendación, en un plazo no mayor de treinta (30) días.-

 

Este acto pondrá fin a la  investigación preliminar, aconsejando o no la aplicación de alguna sanción. Dicho dictamen no vinculante se elevará —con las actuaciones respectivas— a la Suprema Corte de Justicia o a la Procuración General, según corresponda.-

 

ARTICULO 59: La recomendación se realizara en forma impersonal y se acordará por mayoría, sin perjuicio de  dejar plasmadas las disidencias en el mismo acto y por separado.-

 

ARTICULO 60: El decisorio final del Tribunal contendrá una sucinta enunciación del objeto de la investigación preliminar y de  las razones que justifican el mérito del Tribunal.-

 

ARTICULO 61: Los miembros del Tribunal de Ética podrán ser recusados o excusarse cuando, por alguna causal debidamente acreditada, se encontrare afectada su imparcialidad.-

 

 El trámite de recusación o excusación tramitará de manera expedita, ante la Presidencia del Tribunal o ante quien lo sustituya, y la resolución que se adopte no será pasible de recurso alguno.-

 

ARTICULO 62: Recibidas las actuaciones provenientes del Tribunal de Ética, la Suprema Corte de Justicia  o la Procuración General en su caso podrá:

a) ordenar la apertura de un sumario administrativo

b) aplicar un llamado de atención o alguna de las sanciones previstas en su régimen disciplinario

c) promover el juicio político del denunciado.

 

ARTICULO 63: El Tribunal de Ética se dará su propio reglamento de funcionamiento conforme a las pautas establecidas en la presente norma.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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