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Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial
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Artículo Dr. Andruet
Título: Auspicioso desafío de la magistratura de la provincia de Buenos Aires: Proyecto de Código de Ética Judicial

Citar ABELEDO PERROT Nº: AP/DOC/1169/2014

Autor: Andruet, Armando S. (h)

Título: Auspicioso desafío de la magistratura de la provincia de Buenos Aires: Proyecto de Código de Ética Judicial

Fecha: 2014-08-27

Publicado: SJA 2014/08/27-3 ; JA 2014-III

 

I. La cuestión central

Desde hace varios años, nos venimos ocupando en ámbitos académicos, profesionales y naturalmente jurisdiccionales de advertir la importancia que tiene para la sociedad civil, pero en igual medida para los mismos jueces la atención a los códigos de conducta judicial (1). Corresponde a la judicatura, hacer todos los esfuerzos que sean para generar, aumentar y mantener la confianza pública en la institución judicial y ello se hace casi sólo de una manera: propiciando conductas de jueces confiables y para lo cual, los códigos éticos —al menos en nuestras latitudes— son instrumentos de gran colaboración y permiten visualizar resultados apreciables positivamente.

Sin embargo a tenor de su existencia, parece que la prédica no ha merecido la atención debida, lo que muy posiblemente, se debe a las deficiencias de la trasmisión del mensaje o a quien ocasionalmente resulte su emisor y nunca a la entidad de lo trasmitido. Por ello, cualquier emergente que en tal materia se produzca debe ser bienvenido y a la vez, no descartar, que quizás podamos estar frente a un núcleo estelar del cual pueda organizarse un nuevo sistema judicial en dicho punto. Eso deseamos para la magistratura de la provincia de

Buenos Aires.

A tal respecto aunque sea un tanto tedioso tener que recordar cuestiones, ello se impone para la contabilidad en una cronometría no sea sólo del 'tiempo transcurrido', sino en realidad del 'tiempo desaprovechado' para la generación y desarrollo de nuevos institutos que potencien a un mejor estándar la realización de la práctica jurisdiccional o social de los jueces cumplida desde lo público o privado. A este efecto, una noticia histórica respecto a la ética judicial, será un elemento cognitivo que nos ayudará a proyectar conclusiones sobre algunos -no todos—, de los estados de perturbación que frecuentemente otean sobre el horizonte de los diferentes Poderes Judiciales Provinciales y también Federal, cuando de estos temas se discute.

Tan pronto hayamos concluido dicha noticia, destacaremos cuál es el estado del arte en dicha materia en la República Argentina y también, y ello es lo importante, cuáles son los caminos que parecen abrirse a este respecto y sobre los cuales, nos proponemos con firmeza acompañar desde donde nos corresponda, en su natural recorrido. Al finalizar dicho itinerario, haremos una descripción de la propuesta de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y como es natural, marcaremos nuestras adhesiones y otras reflexiones que quizás puedan ser de utilidad para su autores de tener en cuenta para un futuro que desde ya, mucho nos alegraría que se vea concretado en una realización operativa y no sólo en un instrumento —aun cuando sea el mejor— que sea sólo una preocupación intelectual pero de valor práctico nulo.

 

II. Acerca del mapa de la ética judicial en la República

Habremos de aprovechar para la presente y siguiente sección de esta contribución, algunas consideraciones que volcáramos en un trabajo mayor que hiciéramos y donde expusimos acerca de la ética judicial en la región (2), adelantando que es probable, que se hayan podido producir ligeras —o no— modificaciones respecto a ella, pero en tal caso, no tomamos como propia dicha responsabilidad al no conocerlo sino en todo caso, debe ser el

Poder Judicial que ha realizado algún aporte en dicha materia, quien tiene que ponerlo en información por los canales previstos a tal efecto y que además, de ser los propios por el cual se difunden los instrumentos jurisdiccionales existe, el ámbito de la Junta Federal de Cortes de la República Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires —en adelante JUFEJUS (3)—, el nombrado espacio es desde varios años atrás un ámbito de resonancia y operatividad de muchas cuestiones vinculadas con la función, gestión y gobierno de los Poderes

Judiciales Provinciales.

En modo inicial se debe destacar que atento al sistema federal y estadual provincial de nuestra organización institucional, resultan diferenciables desde la geografía de la ética judicial y los Poderes Judiciales un conjunto de subsistemas judiciales. Debiendo aclararse, que no se trata que en las provincias en donde se habrá de indicar la ausencia de dicho indicador, no es que no existan instrumentos o reglamentos primarios en donde se atienden Auspicioso desafío de la magistratura de la provincia de Buenos Aires:

 

Proyecto de Código de Ética Judicial

Copyright 2012 Abeledo Perrot S.A – Thomson Reuters. Todos los derechos reservados 1 cuestiones referidas a lo deontológico judicial, sino que quedan por definición, absorbidos bajo la textura de lo puramente disciplinario. Por ello, y en rigor, nos habremos de basar para la taxonomía que proponemos en la existencia stricto sensu de formulaciones de ética judicial bajo los rangos de la contemporaneidad que la materia ha tomado desde las últimas dos décadas del siglo pasado.

Proponemos las siguientes diferencias, por caso: 1) Aquellas jurisdicciones en que ninguna referencia a la ética judicial como tal poseen (serán todas aquellas provincias que no se habrán de enunciar en los acápites siguientes); 2) Aquellas jurisdicciones que cuentan con una formulación normativa de la ética judicial, pero que sin embargo en la práctica judicial deviene ella inexistente (Santiago del Estero, Formosa y Corrientes); 3) Aquellas jurisdicciones: 3.1) Que poseen una formulación normativa difusa de la ética judicial (Mendoza y San

Luis), o 3.2) Aquellas que poseen una formulación orgánica y completa aunque dicho corpus ha sido importado de otra jurisdicción o región (Río Negro); 4) Aquellas jurisdicciones que tienen una formulación normativa integral y autóctona de la ética judicial codificada, entre los cuales habremos de separar: 4.1) Administraciones de justicia en donde no se advierte una continuidad en el tiempo de la normativa deontológica y que por lo tanto, no permite obtener conclusiones en perspectiva del tema (Santa Fe) y 4.2) Administraciones de justicia en las cuales se advierte una sostenida persistencia sin discontinuidad del funcionamiento de una matriz deontológica judicial concreta (Córdoba); finalmente hay que señalar la existencia de 5.1) Jurisdicciones en donde existe un proceso concluido de realización de un instrumento de ética judicial (Buenos Aires) que se encuentra en instancias de debate, socialización y/o aprobación; y 5.2) otras jurisdicciones en donde se están realizando las adecuaciones suficientes, para comenzar un estudio, debate y definición respecto a la existencia de los códigos de ética judicial (Salta).

Tal como se puede advertir, la cartografía es variada, lo cual es un dato de alto valor simbólico: los Poderes

Judiciales provinciales han incorporado en forma progresiva —con mayor o menor éxito— que la ética judicial tiene una centralidad que no puede ser ignorada y que exige ella, un estadio de reflexión y elucubración permanente que la operativice en la praxis jurisdiccional. En la justicia nacional los registros a tal efecto son de menor acompañamiento por los magistrados en general, sin perjuicio de que han existido postulaciones en tal sentido.

Dicho estado de cosas tiene causas exógenas y endógenas a los mismos Poderes Judiciales, siendo naturalmente las exógenas las que con mayor entidad han operado como disparadoras de los procesos de transformación; pero sin perjuicio de ello lo que no se puede dejar de señalar, es que también se ha advertido, desde el espacio que precisamente hace de centro neurálgico de las diferentes magistraturas de las provincias argentinas, como es, la

Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (F.A.M.), quien ha tomado en dicha materia, un natural liderazgo porque precisamente, sobre dicho ámbito gravitan casi 21.000 magistrados de la totalidad de la

República Argentina y que —como a veces no es suficientemente conocido—, es por las magistraturas provinciales por donde transcurre cerca del 85% de la carga jurisdiccional de toda la República Argentina.

Dicho ámbito federativo, en momentos en donde la República estaba sumida en discusiones acerca de la temática que se dio en nombrar como la 'democratización de la justicia' y a cuyo convite no faltaron ni quienes denostaron todo a otros que aprobaban también todo, a veces sin mayor conciencia crítica y miradas proyectivas ni unos ni otros y por lo cual, somos moderados defensores de hacer revisiones desde la resiliencia de dicha cuestión; pues que fue la F.A.M. quien produjo un documento intitulado 'Poder Judicial para la República' (4) y que no se trata de una declaración dispuesta para una circunstancia histórica —sin perjuicio que en algunos aspectos lo pueda ser—, sino que tiene una caladura profunda y apunta a proyectar un Poder Judicial en las provincias argentinas bajo otros conceptos y otras prácticas.

En dicho documento se sostiene con firmeza, que la mayor interacción entre los ciudadanos y los actores judiciales, posibilitan la transparencia y fortalecen la confianza institucional y para lo cual, se brindan en el mismo, la enunciación de cuatro ejes de propuestas para proyectar y consolidar un proceso de reforma judicial genuina, entre los cuales se explicita el que lleva por definición 'Organización judicial y sus relaciones internas', que a su vez, tiene tres componentes primarios: 1) Fortalecimiento de la Defensa Pública, 2) Autonomía del

Ministerio Público Fiscal, 3) Códigos de Ética.

Del último de los indicados se dice: "Las normas de ética determinan estándares para la conducta de los jueces y funcionarios, tanto dentro de la organización judicial respecto de sus pares, de los demás integrantes de la organización judicial, de los justiciables y de los abogados; como en su vida social, y hasta personal. Es por este motivo que resultan fundamentales para la satisfacción de los fines institucionales y sociales implicados en el servicio que prestan los Poderes Judiciales. Es necesario entonces que los Poderes Judiciales, con la participación de las asociaciones de magistrados y funcionarios dicten sus propios códigos de ética" (la cursiva es nuestra). Prueba de que ello no fue una enunciación oportunista, sino una fuerte vocación de las magistraturas provinciales de la República Argentina, lideradas por su actual Presidente Dr. Víctor M. Vélez fue nuestra

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Copyright 2012 Abeledo Perrot S.A – Thomson Reuters. Todos los derechos reservados 2 participación en otra Reunión plenaria para intercambiar opiniones y perspectivas sobre la ética judicial en

Argentina.

En el marco de esa deliberación y que públicamente agradezco a la totalidad de colegas jueces, tomamos conocimiento del notable avance que en esta materia ha tenido el Colegio de Magistrados de la Provincia de

Buenos Aires quienes han culminado por presentar ante la Corte Suprema Provincial un proyecto de Código de

Ética Judicial y al cual, nos habremos de referir.

 

III. Breve evolución de la Ética Judicial en la República

III.1.- Trayectoria generativa de la codificación deontológica judicial

Hasta finales del año 1980 se puede destacar, que por definición no existía en ninguna de las jurisdicciones provinciales o en la federal, un capítulo expreso e independiente que regulara los temas de la ética judicial (5).

Los temas ético-judiciales estaban absorbidos en las reglamentaciones que juzgaban las afectaciones que el magistrado hubiera podido tener como agente administrativo dentro de su función judicial y por lo cual, se fortalecía la importancia de los estatutos disciplinares de dicha administración judicial y no, la vulneración en concreto a principios éticos de la profesión del magistrado que como tal, tiene contornos de alta exposición pública y de fuerte naturaleza cívica, que la hacen no emulable en otros ámbitos.

Lo ético de la magistratura era otrora, una especie —en el mejor de los casos— de remanente administrativo de la función del juez y por lo tanto, si era un retazo administrativo, no merecía atención desde el punto de vista operativo práctico. Ello es así, sin perjuicio que alguna referencia ética se pueda encontrar en dichos textos y que como tal, reglamentan cuestiones de la carrera judicial en sentido lato.

Bajo este panorama se propiciaron antes de la conclusión del siglo pasado, diversas propuestas normativas vinculadas con la ética judicial que anunciaban un amanecer en estos temas, que finalmente hoy, parece estar lanzado irremediablemente a su concreción al menos desde las justicias provinciales. Y con ello, una esperanza para un Estado que dignifique los ciudadanos, potencie la civilidad y en definitiva haga que cada cual, se sienta auténticamente protagonista de la conquista de una República que aspire ser vivida.

De todas formas hay que señalar que en dicha materia —ética judicial— no ha sido parejo el avance para toda la

República, porque cuando la mirada es reposada en la justicia Nacional/Federal los procesos de discusión en el tópico resultan infinitos y bizantinos. Sería muy valioso entonces, que dicha administración de justicia siguiera la estela de las provincias argentinas que han dictado instrumentos normativos deontológicos y por lo cual, han colaborado activamente a la generación de confianza social en los magistrados (6).

A tal respecto no podemos soslayar indicar, que en la Primera Conferencia Nacional de Jueces de la República

Argentina en el año 2006 (7), donde se presentaron cuatro paneles de exposición teórica de los tópicos que a juicio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocante de la reunión, eran los temas prioritarios en política judicial de la República, y que desde ya compartimos integralmente, esto es: a) Independencia Judicial.

Status del Juez en Relación con los otros Poderes, b) Ética Judicial, c) Capacitación y Escuela Judicial y d)

Prensa, Justicia y Sociedad; se discutieron dichas presentaciones luego en sendas comisiones integradas por destacados jueces, cada uno de los desarrollos teóricos, menos —aquí lo grave— lo que concierne a la ética judicial. Dicho mal presagio romano, fue que el tema no integró más, la cartelera de discusiones a nivel plenario de las restantes Conferencias Nacionales de Jueces de la República.

No desconocemos que es cierto, el grado de complejidad que se tiene al izar banderas de este tenor en ámbitos profesionales que por distintas razones, durante mucho tiempo, han considerado estar más allá de cualquier tipo de control ciudadano como al final de cuentas son los requerimientos exigidos a los jueces con los controles éticos. Es el Poder Judicial quien tiene que hacer un esfuerzo para aproximarse a la sociedad mediante actos personales y laborales de sus magistrados, mediante los cuales se ponga de manifiesto sin lugar a dudas, que se ha comprendido cabalmente lo que significa estar al servicio de la sociedad (8) y que ello no se agota dictando mejores resoluciones desde la técnica judicial, sino además, mostrando y asumiendo realizaciones morales que la sociedad comparte como valiosas y rehuyendo a prácticas profesionales que contribuyen a generar opacidad judicial.

 

III.2- Período inicial

Volviendo al proceso de la codificación de la ética judicial desde los Poderes Judiciales Provinciales, debemos apuntar que el primer movimiento que en tal sentido existe —año 1998—, se produce en las provincias de

Corrientes, Formosa y Santiago del Estero. En cada una de ellas, los Tribunales Superiores de Justicia dictaron

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Copyright 2012 Abeledo Perrot S.A – Thomson Reuters. Todos los derechos reservados 3 respectivas acordadas dando así por incorporados para el colectivo judicial local, un determinado modelo de código de ética judicial (9). Y si bien ello resulta de una incuestionable ponderación, no se puede desconocer que la misma ventaja que pueden gozar dichas provincias por haber sido las iniciadoras de un hidalgo camino, las hacen también, merecedoras de debilidades propias en los instrumentos, por ser justamente quienes comienzan a surcar un camino que otros habrán de aprovechar mejor.

De allí, las defecciones que nuestro parecer se pueden percibir en dichos instrumentos se pueden conciliar en los siguientes aspectos: a) La incidencia y/o injerencia que a la hora de la conformación del Tribunal de Ética

Judicial tienen los propios Tribunales Superiores de Justicia de dichas provincias. Es decir, que no se ha cuidado de separar la función jurisdiccional de la deontológica y ello naturalmente, genera una previsible cuota de incredulidad en quienes habrán de ser juzgados por el Tribunal jurisdiccional devenido en deontológico; como por quienes, reclaman una respuesta desde la puridad de la eticidad judicial y no por el camino disciplinar, penal o civil.

En este aspecto vale la pena destacar, que entre otras cuestiones la fortaleza de un Tribunal de Ética radica antes que en el instrumento normativo, en la propia personalidad y autoridad de los jueces que lo integran. El poder simbólico que deben tener los jueces que habrán de conformar los tribunales de ética judicial (10) está maximizando si se compara, con el que tienen asignado en general los jueces de la iurisdictio.

En este orden se debe marcar que en la Provincia de Corrientes la cuestión se maximiza porque directamente se transforma el mismo Tribunal Superior, en Tribunal de Ética (art. 21, 2° párrafo), en la Provincia de Formosa derechamente no tiene Tribunal Ético, puesto que dicho código —acorde a un criterio que desde nuestra perspectiva resulta equivocado— no impone sanción alguna y sólo crea un Consejo Consultivo (art. 8) que es presidido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, como que además no existe participación de otro estamento que no sea el propio de los magistrados. Finalmente el Código de Santiago del Estero también organiza un Consejo Consultivo con una misma preeminencia del Tribunal Superior local (art. 8) y no crea tampoco Tribunal de Ética alguno.

Corresponde anotar también a manera de dato relevante, que los tres códigos finalmente nombrados tienen una matriz semejante, lo cual se explica por la cercanía temporal que los mismos han tenido para su elaboración (abril/octubre 1998). De cualquier manera es a partir de ellos, o ínterin con los mismos, que se puso en marcha en el ámbito de la JUFEJUS, un movimiento que tendía a mostrar la conveniencia de cimentar las estructuras de

Poderes Judiciales provinciales para hacerlos cada vez más transparentes, independientes y previsibles, para lo cual la atención a los problemas de ética judicial resultaba un capítulo relevante.

Así es como desde la JUFEJUS se hizo un llamado a concurso nacional —año 1999—, para la realización de un

Código de Ética Modelo para las Magistraturas Provinciales de la República Argentina —que tuvimos el honor de realizar—, y que fuera admitido en dicho marco institucional (11). El nombrado corpus deontológico con el tiempo, devino fuente próxima al menos para dos Códigos posteriores provinciales: Santa Fe (12) y Córdoba.

 

III.3.- Período de consolidación

Un segundo momento —años 2002/2004— ubica a los códigos de Santa Fe y Córdoba; los que han partido desde una base documental comparada más rica que los anteriores y con magistraturas con sedimentos mayores en esta materia. En ambos instrumentos, se advierte que se ha insistido en asumir que las conductas de los jueces no pueden quedar al arbitrio de los propios magistrados, como que tampoco los reproches que se les puede formular a ellos, sólo atañen al ámbito de su propia conciencia (13). En rigor, las conductas públicas y privadas con trascendencia pública de los jueces, imponen que sean atendidas con un cuidado superlativo por ellos en razón que son los mismos, quienes deben un plus de eticidad a la misma sociedad civil (14).

III.4.- Período de expansión

Se puede apuntar en esta breve cronología, un tercer momento, que se ubica desde el año 2006 y los primeros meses del año 2007, en donde tres provincias más de la República han transitado la problemática de la ética judicial con resultados si bien diversos en cuanto valencia objetiva, lo que no se puede desconocer, es que son indicios precisos acerca de la preocupación existente por dichos tópicos. De esta manera, la Provincia de

Mendoza se ha ocupado de iniciar su programa de proyecto deontológico (15), imponiendo a que la totalidad de los magistrados cuando reciban a una de las partes lo hagan conocer a la contraria, como muestra de no afectación a la independencia e imparcialidad judicial. Huelga destacar, que fue la misma Corte Suprema de

Justicia de la Nación que mediante una Acordada del año 2004 (16) lo había también dispuesto, siguiendo como es natural, lo ya consignado en los Códigos de Santa Fe y Córdoba (17).

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En la misma línea de Mendoza, se ubica la Provincia de San Luis, que mediante acordada (18), ha dispuesto que el "...Superior Tribunal de Justicia no mantendrá diálogo con interesado alguno en los procesos en que interviene sin la efectiva presencia de la contraparte". En nuestro parecer, si bien son siempre adelantos importantes que se hacen para una gestión de mayor transparencia de la actividad jurisdiccional, son respuestas tímidas para problemas complejos. Finalmente la Provincia de Río Negro (19) acoge un capítulo deontológico judicial completo y ya sancionado como es el "Código de Bangalore sobre Conducta Judicial" (20) de conformidad a la Resolución 2006/23 del Consejo Económico y Social de la O.N.U. complementario de los

"Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura"(21), lo cual a nuestro parecer resulta totalmente objetable, puesto que el ethos profesional no resulta transferible y pretender hacerlo es propiciar las incomodidades y negaciones a las que, muchas veces importantes grupos de magistrados refieren.

De todas maneras lo que no se puede dejar de señalar, es que con los mencionados avances provinciales en los temas deontológicos, la misma agenda académica y doctrinaria tuvo alguna formulación importante —en términos relativos— y la propia JUFEJUS retomó con entusiasmo casi diez años después —aunque luego existirá otra discontinuidad notable en la cuestión— la materia deontológica judicial y seguramente por los ecos que impusiera la sanción del Código Iberoamericano de Ética Judicial en el año 2006 en Santo Domingo como resultado de la labor de las Cumbres Judiciales Iberoamericanas y a partir de donde, se han potenciado dichos estudios en toda la región y para lo cual, se ha generado la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Tales cuestiones habilitan una cuarta y última fase del proceso de desarrollo de la ética judicial.

 

III.5.- Período de contralor y cooperación

Así dentro de la JUFEJUS se crearon durante el año 2006 diversas comisiones de trabajo y estudio en cuestiones que tienen trascendencia significativa para dicha entidad, entre las cuales se cuenta la correspondiente a la Ética

Judicial. Resultado objetivo de la labor de la mencionada Comisión, fue que a su solicitud se dio aprobación por parte de la Comisión Directiva de la JUFEJUS en la reunión del día 25.IX.10 en la Ciudad de Termas de Río

Hondo (Santiago del Estero), a la creación en el mencionado ámbito nacional del Observatorio Argentino de

Ética Judicial que como tal, tiene la función externa de hacer las veces de un organismo de difusión y utilidad para las magistraturas provinciales acerca de criterios que resultan recomendables de tener orientativamente frente a la existencia de comportamientos impropios y cometidos por jueces argentinos (22).

El nombrado Observatorio, por razones que se ignoran, no pasó a la operatividad concreta y dicho gestión de observación resulta cumplida por otros ámbitos privados con finalidades principalmente de naturaleza académica (23).

Para concluir entonces con este periplo histórico hay que insistir en que el mismo nos muestra, que por la vía de la ética judicial se puede explorar positivamente el mejoramiento de la relación de los jueces con la sociedad civil y que es un capítulo en el cual no puede haber relajamiento alguno. Los jueces aunque no quieran asumirlo, no pueden dejar de conocer que la sociedad civil requiere de ellos no compromisos supererogatorios, sino solo aquellos esperables del 'buen ciudadano' (24), pero maximizados porque éstos que son jueces, tienen un plexo de responsabilidades y prerrogativas que para otros son inexistentes. La sociedad al juez le requiere todo su compromiso intelectual y moral y en verdad le garantiza a cambio, mucho de lo que a cualquier otro ciudadano le será harto suficiente para llevar una existencia acorde a un ideal de vida plena.

 

IV. La codificación ético-judicial en provincia de Buenos Aires

El Proyecto bien se puede decir, que ha tomado lo que mejor ofrecía la codificación anterior. Se compone de un prólogo y seis capítulos: I) Ámbito de aplicación y objeto, II) Principios fundamentales de la ética judicial, III)

De los deberes y obligaciones de los magistrados, IV) De los deberes y obligaciones de los funcionarios, V)

Tribunal de ética, VI) Proceso de responsabilidad ética. Tiene una extensión de 63 artículos.

Respecto a su Prólogo, hay que señalar que en este tipo de instrumentos que todavía no tienen una ciudadanía totalmente aceptada, debe ser ese espacio el que permita hacer una contundente fundamentación de la existencia y razón del mismo; como un demarcatorio acerca del modelo que dicha magistratura aspira concretar. Ello no se podría indicar en su articulado, aunque desde las descripciones de conductas que se propician pueda ser deducido. Nos parece importante destacar, que tales apelaciones existentes en la magistratura bonaerense no han sido reflejadas del todo en el prólogo del Proyecto; estimamos que bien podría tener una consistencia mas rigurosa y consecuente con el importante esfuerzo que se habrá tenido que cumplir para lograr los consensos para su realización.

En cuanto a los diferentes capítulos que lo integran, creemos que el Capítulo IV, en razón de que como no podría ser de otra manera, tanto Funcionarios como Magistrados se encuentran atrapados por igual por la regla

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Copyright 2012 Abeledo Perrot S.A – Thomson Reuters. Todos los derechos reservados 5 deontológica genérica con la única salvedad de la ubicación que unos y otros tienen en la estructura judicial; ello hace que algunas cuestiones no sean transferibles a los Funcionarios y solo propias a los Magistrados, pero no impone ello, tener que reiterar una buena cantidad de artículos aplicables para los Funcionarios. Una buena metodología legislativa, colocaría una regla de remisión en cuanto correspondiera acorde al cargo que ejercita y con ello se aligeraría la cantidad de artículos numerados pero no así de conceptos.

Se advierte también que el Capítulo II se ocupa de los 'Principios...' y el Capítulo III de los 'Deberes y obligaciones...', con lo cual se genera una diferencia entre los grandes ideales de la materia en juego y por otro lado, los comportamientos en el aquí y ahora reclamados a los implicados. Con ello se brinda la impresión de dos niveles diferentes: el de principios teóricos, orientativos y el de las realizaciones prácticas y conductuales; cuando está claro que no es esa la idea si se revisa la letra de los nombrados principios del Capítulo III, que en realidad son tan conductuales como los consignados en el Capítulo II bajo el nombre de 'Deberes...'.

En todo caso ello puede ser sorteado, designando a todo el Cap. II bajo una misma nominación, involucrando en el mismo tanto las 'exigencias actitudinales cuanto conductuales' de los magistrados y funcionarios.

A tales efectos es interesante de advertir que la mayoría de los artículos del Capítulo II (25) —salvo uno— se inician rezando: "El juez debe...": (mantener la independencia), (igualitaria equidistancia), (consciente de su investidura), (servicio de calidad), (ser equitativo), (tener consciencia social de la trascendencia social de la función), (absoluta reserva y secreto profesional), (procurar la conclusión de los procesos), (tener una actitud que inspire confianza), (guiarse por la conciencia clara). Comienza diferente: "El juez no debe...": (recibir beneficios).

Como que, las acciones que están reservadas para el Capítulo III, si bien tienen una entidad conductual como la advertida para el Capítulo II, no se puede dejar de advertir que son de un rango inferior a las anteriores, con lo cual, se podría destacar que habría unas que son reglas de primer orden —Capítulo II— y otras de segundo orden —Capítulo III—, tal como se puede advertir de su formulación, a saber: '[Los jueces] deberán...': (brindar a cada causa el estudio), (resolver jurídicamente las causas), (mostrarse imparciales e independientes), (abstenerse de recibir regalos), (obrar con convicción republicana), ([ejercitar de sus resoluciones] análisis docente), (prudentes, tolerantes y respetuosos de sus colegas), (conservar el despacho con orden y decoro), (que prime un clima de orden), (funciones con eficacia y diligencia), (proteger, conservar equipos, útiles, libros), (en todo su hacer público o privado con trascendencia mantener el decoro).

Quedan también un conjunto de reglas —de segundo orden decimos— que están formuladas en sentido negativo o sea como reglas de abstención y dentro de las cuales, se advierten diferentes niveles de intensidad para la realización omisiva y que van desde una recomendación fuerte: 'procurar no...'; hasta otra en donde quedan obligados siempre a no ejercer determinada práctica: 'obligados a evitar...'. Así vemos que en el Capítulo

III y acorde a la formulación negativa, nos encontramos por caso, con la siguiente taxonomía: a) '[Los jueces] deberán procurar...': (de no apartarse de causas); b) '[Los jueces] no deberán...':, (de participar actos políticos), (utilizar el cargo para buscar rédito personal); c) '[Los jueces] se abstendrán...': (en contactos con la prensa anticipar contenido de las sentencias), (de participar en actos o espectáculos públicos); d) '[Los jueces] están obligados...': (evitar realizar comentarios acerca de la honorabilidad de otros jueces); e) '[Los jueces] impedidos...': (de adquirir directa o indirectamente bienes en remate).

Brindamos ahora algunas consideraciones respecto a estos Capítulos, primero destacamos que habiendo

Códigos que respecto de las virtudes judiciales hacen una enumeración muy profusa y a veces ello, con alguna banalización de las prácticas que como tal quieren ser ejemplificadoras, el Proyecto es moderado con ello y ha recogido las que no pueden ser despreciadas: Independencia, Imparcialidad, Conciencia institucional,

Conocimiento/ Capacitación, Justicia/ Equidad, Dignidad/ Transparencia Funcional, Prudencia, Honestidad,

Secreto profesional, Diligencia, Buena fe y Fortaleza. Son doce virtudes o excelencias y que han sido nombrados como Principios y para nosotros deberían ser integrados al conjunto de las prácticas deseables bajo el nombre de reglas sin más, por tener un carácter de clara composición conductual.

Sólo queremos traer la atención al principio reflejado en el art. 5: 'Conocimiento y Capacitación' que reza: "La obligación del juez de brindar un servicio de calidad (...) exige el conocimiento amplio (...) también exige que el juez motive ...". Se trata de una regla que viene acompañada por la misma tradición que ha sido propuesta por el

Código Iberoamericano de Ética Judicial, que en sus arts. 18/27, solicita que la resolución deba ser motivada.

No compartimos que dicha exigencia, integrante del conocimiento y la capacitación de los jueces deba ser considerada en su ausencia una falla deontológica, ello así, porque si la motivación importa capacitación ya está considerada en la noción genérica de la capacitación y no hace falta potenciarla específicamente, pues también se podría decir que debe conocer las reglas de la argumentación jurídica, de la sintaxis o de la ortografía. Que las debe conocer es cierto, pero no motivar adecuadamente o no respetar los acentos ortográficos importará, la

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Copyright 2012 Abeledo Perrot S.A – Thomson Reuters. Todos los derechos reservados 6 remediación por los caminos procesales debidos o simplemente recomendando la instancia superior un manual de ortografía.

Bien hubiera correspondido, creemos, para no quedar en un puro romanticismo el nombrado Principio del art. 5, haber dispuesto que alguna capacitación pueda ser impuesta obligatoriamente, porque estar debidamente capacitado el juez, es lo que genera una mayor confianza en los ciudadanos que están siendo juzgados por jueces conocedores del derecho y con una clara apertura a la práctica interdisciplinaria que en los tiempos que corren es de tanta valía su conocimiento.

En el art. 7 se apunta el Principio 'Dignidad y Transparencia funcional', al respecto no se alcanza a comprender la primera de las acciones, puesto que todo el texto se refiere y muy acertadamente al valor multiplicador que significa que el juez tenga conciencia de su función y las exigencias que debe afrontar; mas no hemos encontrado la descripción del principio de Dignidad, el cual es complejo de definir primero y de aplicar en un sentido unívoco luego y por lo tanto, concluimos que siendo un concepto que tiene tanta entidad y valor intrínseco, como también es de una realización protoplástica para gran cantidad de cuestiones —que le hace perder la majestuosidad de su evocación— sería recomendable su sustracción. En la práctica de la provincia de

Córdoba, dicha virtud judicial es permanentemente invocada como afectada —está en un 80% más respecto a otraspero sin embargo, cuando se indaga por una mayor precisión respecto a la matriz fáctica de la 'conducta indigna', se advierte una gran dispersión acerca de lo que ello significa. Por todo ello, creemos que su mantenimiento no habrá de contribuir a la formación de ejemplaridad.

También en el Capítulo III y de acuerdo a la taxonomía destacada, no comprendemos porque el art. 22, que se refiere a la participación en actos o reuniones político-partidarios, no está considerado bajo una prohibición expresa y fuerte, como la de realizar comentarios de otros jueces o de su intimidad, y sólo se la considera como una indicación de abstención corriente, cuando tal como sabemos, los niveles de afectación a la confianza pública en este segunda cuestión son realmente fuertes como también fuertes son, las creencias de comportamientos corporativos asentados en prácticas etnocéntricas de los Poderes Judiciales y que se podría creer que se quiere proteger, impidiendo que se hable de los demás —lo cual es correcto—, pero colocarlo como lo hace el art. 23 de que los jueces "Están absolutamente obligados a evitar realizar comentario...", puede llevar a lecturas sesgadas y de poco beneficio judicial.

Creemos de gran acierto el giro que se le ha brindado al art. 34 del Capítulo III en cuanto impone a los jueces, el deber del decoro, prudencia y la dignidad en todo el hacer público o privado con trascendencia hacia terceros.

Se trata sin duda, de uno de los grandes desafíos que la magistratura tiene que asumir y que es por allí, donde se producen la mayor cantidad de desaguisados. Difícilmente los jueces tengan, más allá de tratos desconsiderados o muy considerados, situaciones de conflicto en el ámbito de la jurisdicción o de su realización pública; pues lo tendrán y con asiduidad —y por ello la resistencia— en el ámbito de la vida privada con trascendencia pública y que el Proyecto aspira a observar críticamente.

En tal ámbito es donde se producen la mayor cantidad de comportamientos impropios y que a la vez, muchos jueces niegan que puedan ser constitutivos de una falla ético-judicial porque en realidad, dichos jueces, asumen su realización judicial como meramente laboral y no vocacional-existencial: los primeros dirán que trabajan de jueces, los segundos que son jueces y ya sólo con ello, se sucede una enumeración de comportamientos, prácticas y definiciones que son muy diferentes a la luz de la mirada de los unos y de los otros.

El Capítulo V, aborda uno de los temas más complicados de todo Código de Ética y de hecho es lo que ha implicado el naufragio de varios proyectos y que se vincula con la existencia y funcionamiento del Tribunal de

Ética. En nuestro parecer, el Proyecto lo resuelve mayoritariamente con éxito, salvo en cuanto refiere que la integración del mismo tendrá a un Ministro de la Corte Suprema de la provincia y quien además lo habrá de presidir; dicho aspecto habrá de generar un desequilibrio con los demás integrantes, aun con quienes sean magistrados en actividad.

Ello así habrá de ocurrir, entre otras razones porque dicho Ministro es quien tendrá un acopio de información mayor a los restantes y obrantes en el legajo respectivo; y que, al ser una cuestión deontológica con independencia que sea un conocimiento privado del juzgador ético —no adquirido procesalmente para la causa— deberá ser hecho valer en el análisis. Resultaría contra-fáctico que el juez ético, conociendo per se y pudiendo argumentarlo ante sus pares, otros comportamientos impropios del implicado juez no lo hiciera estando en análisis dichas conductas. Como ello no debe ser promocionado sino evitado y asegurar un adecuado equilibrio, es que una forma de hacerlo es que quien tiene funciones jurisdiccionales —altas o bajas— no intervenga en los procesos deontológicos.

Es correcta la previsión de la utilización de la consulta ante los jueces al Tribunal de Ética; sin embargo parece

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Copyright 2012 Abeledo Perrot S.A – Thomson Reuters. Todos los derechos reservados 7 de bajo aprovechamiento futuro, que dicho texto de consulta y su respuesta no sea posible utilizarla con fines pedagógicos para otros magistrados que pueden tener inquietudes similares al consultante. Nada impide que se mantenga en tales supuestos, la reserva nominal de quien realizó la consulta.

Tampoco resulta conveniente la imposición que para el supuesto que el denunciante no sea abogado, tenga que llevar un patrocinio letrado. Somos de la opinión y la experiencia en la provincia de Córdoba nos ha dado la razón, que mientras menos se judicialice el trámite deontológico será más provechoso, la imposición abogadil conlleva las prácticas profesionales del oficio y si ello no está suficientemente cuidado, el objetivo deontológico quedará desnaturalizado. Además también se explica, por un artículo posterior que indica que el denunciante no es parte del proceso.

El Capítulo VI, que se ocupa del Proceso de Responsabilidad Ética, se ha formulado con mucho equilibrio y evitando caer en la habitual emboscada normativa que termina abortando el modelo deontológico por la imposición de una mentalidad punitiva propia al mundo abogadil. El Proyecto utiliza el concepto que fuera destacado por vez primera en estos instrumentos por el Código de Ética Judicial de Córdoba como es el de la

'recomendación', para señalar con ello, cual es la causa fin del proceso deontológico.

Sin embargo se advierte todavía una línea que debe completarse en su desarrollo, porque de los arts. 58 y 59 parece advertirse, que si existe una recomendación es porque se aconseja la aplicación de alguna sanción y para lo cual, se elevará la causa a la Suprema Corte de la provincia para su realización y que según consta en el art.

62 importará: a) Ordenar apertura de un sumario, b) Aplicar un llamado de atención u otra de las sanciones previstas disciplinariamente, c) Promover el juicio político.

Con lo cual, se genera —sutilmente— una confusión entre lo deontológico y lo disciplinario, y si bien es posible que puede haber continuidad de uno a otro, lo que no se advierte bien, es si la conclusión del ámbito deontológico mediante la recomendación, tiene ella algún otro contenido deóntico además de solicitar 'alguna sanción'. Si tiene alguno y que no sean las disciplinarias: apercibimiento, multa, suspensión, exoneración, etc.; como bien podría ser: abstenerse de proseguir ejercitando una conducta impropia —y motivo de la denuncia—, queda a salvo la instancia deontológica. Si por el contrario, verbig. su recomendación es la solicitud de aplicación de la sanción de un apercibimiento, ha confundido su competencia ética con la disciplinar y ello genera un deslucimiento para la misma matriz ética.

 

V. Conclusión provisoria

Felicitamos y de gran manera el esfuerzo que el Colegio de Magistrados del Poder Judicial más importante cuantitativamente de la República Argentina ha tenido, para llegar al resultado que en síntesis hemos presentado. Ello es un estímulo sin disimulo, para que otros Poderes Judiciales provinciales, con menos niveles de disenso puedan llevar adelante propuestas en igual sentido.

Cualquier proyecto de código de conducta ética de los jueces, está abierto a múltiples transformaciones tan pronto se haya concluido, y por ello, nuestras observaciones quizás la única razón que tienen de verosimilitud es porque, hemos elaborado, promocionado y acompañado un Código de Ética Judicial para la magistratura de

Córdoba, que por este tiempo está cumpliendo sus diez años de vigencia y que cuantitativamente ha recibido

217 causas aproximadamente y por todo ello, es que dicha experiencia la hemos querido reflejar en muestra de un total y fortalecido acompañamiento a la magistratura de provincia de Buenos Aires.

(1) El concepto de Código no es dogmático, podrían ser reglas, principios, guías, opiniones consultivas, etc.

(2) Vide ANDRUET, A., KRISKOVICH, E., SALDAÑA SERRANO, J., STEIDEL FIGUEROA, S.; Ética judicial - Visión Latinoamericana, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación - Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, 2012.

(3) Se trata de un organismo que tiene por finalidad la de nuclear y representar a los Tribunales Superiores y

Cortes Provinciales de la República.

(4) El documento 'Poder Judicial para la República', fue aprobado en la 86 Asamblea Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la F.A.M., celebrada los días 6 y 7 de junio de 2013.

(5) Generalmente los mencionados aspectos deontológicos quedaban atrapados dentro de las leyes orgánicas de los Poderes Judiciales o los Estatutos específicos de promoción y régimen de la magistratura y otros instrumentos que conexos con los mismos se irían dictando; pero en ninguna ocasión dicha normativa, tenía

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(6) Hemos tomado conocimiento de ante proyectos de códigos de ética judicial para la magistratura nacional de buena consistencia académica y articulados exitosamente con las tradiciones de un ethos judicial particular, sin embargo no han logrado pasar la línea de debate académico (Vide FINN, S.; La vida privada de los jueces: la tensión entre su autonomía y las exigencias de la ética judicial en Ética de las Profesiones Jurídicas - Abogados, jueces, notarios, Bs. As., Ad Hoc, 2010, pág. 96).

(7) 'Conferencia Nacional de Jueces: Jueces y Sociedad', 30, 31 de Marzo y 1 de Abril de 2006, Ciudad de

Santa Fe.

(8) Vide SANTIAGO, A.; El verdadero poder es el servicio, Bs. As., La Ley, Diario del 6.XII.13.

(9) Respectivamente para cada una de ellas, mediante Acuerdo Extraordinario del Superior Tribunal de Justicia

N° 13 del 6.X.98; Acuerdo del Superior Tribunal de Justicia N° 2092 Punto 4 del 22.IV.98 y Acuerdo del

Superior Tribunal de Justicia del 3.VII.98.

(10) Con la noción de 'poder simbólico de los jueces' —queremos destacar desde la teoría al menos— que ellos encarnan lo que podemos nombrar como un plus: "símbolos de condensación" de valores y virtudes cívicas, comunes para el ethos social y profesional por oposición a otros grupos que sólo son portadores "símbolos referenciales". Estos últimos están ligados directamente a las cosas que simbolizan, mientras que los anteriores son más importantes porque en rigor, se trata de formas condensadas de sustituir conductas por su misma expresión lingüística. La afirmación aristotélica de que el juez es la 'justicia viviente' es la determinación precisa del nombrado poder simbólico de condensación por el contrario que posea como atributos y ornatos a su figuración judicial, toga, peluca, martillo, estrado, escudo y sello son los símbolos referenciales que hacia fuera hablan del mismo poder que ejerce. En todo caso el gran esfuerzo que la magistratura debe hacer, es producir un cambio de paradigma abandonando el poder simbólico referencial —al fin de cuentas vacuo en sí mismo— por el poder simbólico de condensación.

(11) Cfr. ANDRUET, Armando; Código de ética modelo para las magistraturas provinciales en Revista de la

Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, N° 25 —enero-julio 2000—, Bs. As., págs.

79 y ss.

(12) Vide MÉNDEZ COSTA, Josefa; Información sobre el código de ética judicial de la provincia de Santa Fe en Revista de Derecho Procesal Civil y Familia, N°2 (2002), Bs.As., Rubinzal Culzoni, pág. 455 y ss.

(13) A propósito de las nombradas "conductas impropias" y su notable falta de precisión, se puede consultar

MALEM, Jorge; La vida privada de los jueces en La Función Judicial - Ética y Democracia, Barcelona, Gedisa,

2003, pág. 163.

(14) Un estudio particularizado sobre las actividades privadas con trascendencia pública, son consideradas bajo el concepto de 'actividades extrajudiciales' por Sigfrido Steidel, quien dice que ellas contienen "a toda actividad ajena al desempeño judicial. Según esta definición, regular este género de actividades a la luz de principios éticos o deontológicos implicaría reglar actividades recreativas, relaciones sociales e incluso patrones de consumo, ámbitos claramente ajenos al quehacer estrictamente judicial" (La regulación de las actividades extrajudiciales de los jueces en Puerto Rico y en Estados Unidos, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007, pág. 13).

(15) Acordada N° 19.499 del 21.IV.06 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza.

(16) La Acordada N° 7/2004 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispone que: "Cuando los litigantes y profesionales soliciten audiencia con alguno de los jueces del tribunal, ella tendrá lugar siempre que dichas personas obtengan la presencia de la contraparte o de su letrado en la causa contenciosa de la que se trate".

(17) Artículo 4.5 y regla 3.6, respectivamente.

(18) Acuerdo N° 91 del 13.III.07 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis.

(19) Acordada N° 1/2007 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro.

(20) Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial son del año 2001 y fueron aprobados por el Grupo

Judicial de Reforzamiento de la Integridad Judicial, y luego revisados en la Reunión en Mesa Redonda de

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Presidentes de Tribunales Superiores celebrada en el Palacio de la Paz de La Haya, Países Bajos, el 25 y 26 de noviembre de 2002.

(21) Ellos fueron adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 del 29.XI.85 y 40/146 del 13.XII.85.

(22) Estuvo bajo la responsabilidad del dicente la argumentación ante el Pleno de cada una de las reglas y del instituto en su conjunto. Acta N° 174 punto X.

(23) Lo conocemos bien porque está bajo nuestra responsabilidad en el Centro de Estudios Judiciales, Bioéticos y Sociales (CEJByS).

(24) No se nos escapa que puede resultar demasiada genérica la apelación al 'buen ciudadano' y en verdad no podríamos ahora desarrollarla, pero basta recordar que al menos están en camino de serlo aquellos que pueden ser protagonista de una militancia en la lógica compasional —tal como quería Alexis de Tocqueville— que es siempre una excelente manera, de no perder de vista una dimensión antropológica de la compasión que genera fundamento a toda teoría de la reciprocidad y sin la cual, no es posible sociedad alguna. Agrega en este sentido

Myriam Revault D'Allonnes que "La compasión no procede del razonamiento ni de la incitación al deber: surgió de un mecanismo casi espontáneo de identificación con el semejante como tal" (El hombre compasional, Bs.

As., Amorrortu, 2009, pág. 25).

(25) Por una cuestión de espacio, no podemos hacer la transcripción completa del artículo, pero en realidad formulamos una condensación precisa y lo más fiel posible del mismo, lo cual también permite hacer un miramiento con mayores precisiones técnicas también.

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