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Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial
de la Provincia de Buenos Aires

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Dictamen Final
Se muestran informes, estadísticas y antecedentes a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia y al Departamento de Estadísticas de la Procuración General, sobre el ingreso de causas en distintas materias. Entrevistas personales con integrantes del Poder Judicial en ambas y única instancia y representantes de los Colegios de Abogados. realizado visitas a diversos Departamentos Judiciales, tanto del conurbano como del interior de la Provincia.

Comisión de Estudio y Análisis del Mapa Judicial

de la Provincia de Buenos Aires



 

Fuero Civil y Comercial


En relación a este informe, se han requerido estadísticas y antecedentes a la Secretaría de General de la Suprema Corte de Justicia y al Departamento de Estadísticas de la Procuración General, atinentes al ingreso de causas con significación en distintas materias.

Asimismo se han formulado consultas y efectuado entrevistas personales con integrantes del Poder Judicial en ambas y única instancia y representantes de los Colegios de Abogados. En este marco se han realizado visitas a diversos Departamentos Judiciales, en  particular a aquellos que trasuntaban una mayor y más acuciante  problemática y  dificultades, tanto del conurbano como del interior de la Provincia.

Se ha encarado el estudio -analizando Departamento por Departamento- del cúmulo de causas que ingresan a cada Organo Jurisdiccional, procurando establecer así la carga de expedientes que pesa sobre cada Juzgado en lo Civil y Comercial y Tribunal de Familia. Asimismo sobre las Cámaras de Apelación y Ministerios Públicos.

 

 

PRIMERA INSTANCIA

PROPUESTA DE INCREMENTO DE ORGANOS

 

 

Puede parecer ésta la solución más sencilla, aunque también la más dificultosa de practicar por las carencias presupuestarias. Pero nótese que desde los inicios de la década del setenta en que se crean los Departamentos Judiciales de Morón y San Martín (1971) y luego Lomas de Zamora (1972), dotándose de 38 Juzgados Civiles y Comerciales (12, 12 y 14 respectivamente) -cuyo número no se ha incrementado a pesar de los 30 años transcurridos- el fuero ha recibido sólo el incremento de órganos derivados de la creación de algunos departamentos como los de Quilmes (8 juzgados) y La Matanza (8 juzgados de los cuales ya se ponen en funcionamiento los dos últimos) en el conurbano y otros del interior con reducido número de Juzgados; algunos ya existentes: Necochea, Pergamino, Zárate – Campana.

De las estadísticas y datos suministrados por la Secretaría General de la S.C.J., emerge que de 136 juzgados que funcionaban en 1990 (16 departamentos Judiciales), se pasa a 146 en 1998 (17 departamentos judiciales). Ello implica que para un aumento de litigiosidad entre 1990/98 del 66%, se acrecienta la cantidad de juzgados en un 7,35%.

 

En 1999 existe un nuevo incremento de litigiosidad cercano al 10%, existiendo a la fecha alrededor de 155 juzgados (8 en La Matanza y 1 en Mar del Plata, se agregan a los consignados, más allá de dos nuevos para Zárate-Campana).

 

En éste orden de ideas, y con el fin de formular una propuesta realizable en consideración a la realidad expresada, no descartándose que sea de instrumentación paulatina se sugiere la siguiente metodología:

 

 a) Partiendo de una hipotética cantidad de ingreso de 1.500 causas por año y por juzgado –lo cual en modo alguno se aproxima a un caudal prudente, pero sí en el techo de lo tolerable (nótese que la media provincial en los 5 últimos años fue de 1.542, 1.506, 1.553, 1621, y 1.756, lo cual revela una curva ascendente)- ello determina que existirían 8 Departamentos Judiciales (Mar del Plata, San Isidro, San Martín, Morón, Lomas de Zamora, Necochea, Quilmes, y los juzgados descentralizados de Azul en Tandil), que se encontrarían sobre dicha media de 1.500 causas.  

 

 

 

 Estas son las cifras de 1999:

 

Departamento

Total de causas

Promedio por Juzgado

Cantidad de Juzgados

Mar del Plata

42.708

3.285

13

San Isidro

27.149

1.939

14

San Martín

20.865

1.739

12

Morón

31.106

2.592

12

Lomas de Zamora

27.977

1.998

4

Necochea

3.242

1.621

2

Quilmes

16.883

2.110

8

Tandil (Azul)

3.099

1.550

2

 

 

Si bien el Departamento Judicial Morón con 2.592 causas anuales por Magistrado pertenecería holgadamente a este grupo, la creación de La Matanza llevaría al territorio que la integraba (y que ahora comparten) a la cifra de 1.555 causas anuales, al adicionarse 6 magistrados que componen la actual integración, más dos en proceso de selección.

Respecto de Zárate-Campana, con un ingreso de 2.000 causas por año en cada uno de los dos juzgados en 1999, se bajaría a 1.000 al encontrarse en proceso de selección los titulares de dos nuevos juzgados que se agregan a los existentes.

 

b) Para no sobrepasar el techo propuesto de 1.500 causas por órgano, cada departamento judicial que se excede en el mismo, debería contar con la cantidad de juzgados que se expresan a continuación:

 

Mar del Plata

28.47= 28

(actual 13+1) (2)

San Isidro

18.10 = 18

(actual 14)

San Martín

13.91= 14

(actual 12)

Morón

20.74= 21

(actual 12+6+2) (3)

Lomas de Zamora

18.65 = 19

(actual 14)

Necochea

2.16 = 2

(actual 2)

Quilmes

11.26 = 11

(actual 8)

Tandil (Azul)

2.07= 2

(actual 2)

 

Nota 1) Se parte de las estadísticas de 1999.

Nota 2) Mar del Plata cuenta con 13 juzgados más 1 en selección de titular. Pero debe advertirse que se descarga al fuero de 2.250 causas con la puesta en funcionamiento de 1 Tribunal de Familia, también en selección , quedándole 40.458 causas = 27 jueces.

Nota 3) Morón cuenta con 12 juzgados y La Matanza con 6, más 2 en proceso de selección de titular en su etapa final. Total para el territorio originario: 20 jueces. Como no se cuenta con estadísticas en materia civil de La Matanza, dado que comenzó a funcionar en el año 2000, para distribuir los 21 Juzgados propuestos, deberíamos llevarnos por estadísticas de 1999, que asignaban al partido de La Matanza el 28,2%  de litigiosidad del total en la  materia y al resto de partidos que componen Morón el 71,8%. Acorde a ello, deberían distribuirse: en Morón 15 juzgados y en La Matanza 6 juzgados. Las fracciones se redondean hacia el entero más próximo.

 

El resto de Departamentos que se encuentran debajo de las 1.500 causas son:

 

Departamento

Total de causas

Promedio de causas x Juzgado

Cantidad de Juzgados

La Plata

29.300

1.274

23

Mercedes

12.483

1.248

10

San Nicolás

7.457

1.243

6

Dolores

3.562

891

4

Azul (sin sedes)

3.175

794

4

Bahía Blanca (sin sedes)

9.788

1.224

8

Junín

5.308

1.327

4

Trenque Lauquen

1.962

981

2

Pergamino

3.823

1.274

3

Zárate Campana

3.999

2.000

2 + (2)

Olavarría (Azul)

2.075

1.038

2

Tres Arroyos (B:B.)

2.115

1.058

2

 

 

 

 

 

 

Estos Departamentos, para mantener igual carga de 1.500 causas, deberían contar con los Juzgados que se expresan a continuación:

 

La Plata

19.53= 20

(actual 23)

Mercedes

8.32= 8

(actual 10)

San Nicolás

4.97= 5

(actual 6)

Dolores

2.37= 2

(actual 4)

Azul (sin sedes)

2.12= 2

(actual 4)

Bahía Blanca (sin sedes)

6.53= 7

(actual 8)

Junín

3.54= 4

(actual 4)

Trenque Lauquen

1.31= 2

(actual 2)

Pergamino

2.55= 3

(actual 3)

Zárate Campana

2.67= 3

(actual 2+2)

Olavarría (Azul)

1.38= 2

(actual 2)

Tres Arroyos (B:B.)

1.41= 2

(actual 2)

 

Nota 1) Se realiza este cuadro de los Departamentos Judiciales que están bajo la carga de ingreso de 1.500 expedientes por juzgado, no con el fin de proponer su  disminución, sino para realizar comparaciones y proyecciones en cuanto al futuro, respecto de la tolerancia de nuevos incrementos de litigiosidad.

 

Nota 2) Respecto de Trenque Lauquen, Olavarría (Azul), y Tres Arroyos (Bahía 

Blanca), no se ha respetado el redondeo al entero más próximo, para garantizar un mínimo de 2 juzgados por sede (recusaciones, excusaciones, subrogancias, etc.).

 

 c) Pero se advierte que tales cifras reflejadas en los cálculos realizados, contienen componentes que distorsionan el cotejo y la comparación, por tratarse de materias ondulantes en su caudal, con mayor o menor gravitación en ingreso de causas según variantes no constantes y a veces antojadizas. Tal es el caso de los apremios, que ciertas Municipalidades presentan en forma inconstante, a veces en avalancha y otras en total ausencia por largos períodos, reflejando una conducta fiscal de ejecución pendular (por motivos políticos, económicos o sociales; también jurídicos: prescripción de la acción, contratación de estudios externos, moratorias, cambio de autoridades, etc.). Por tanto se ha requerido estadísticas que ajenicen a estas materias del cómputo, haciendo comparaciones que no contengan apremios. Por cierto que reduciendo la media de causas por año en la proporción promedio de gravitación de tal materia en el total. Se reflejan a continuación los datos como otro elemento de referencia, que bien puede compatibilizarse con el anterior.


 

CONCLUSIONES 

(SIN COMPUTAR APREMIOS)

 

 

El número de 1.500 causas utilizado como techo tentativo de carga anual por juzgado (incluido apremios) se redujo al número de 1.172 (excluido apremios), el que resultó de la proporción de la media de  carga provincial con apremios (1.756) y sin ellos (1.372), con los últimos datos con que se cuenta de 1999. Es decir: 1.500 dividido 1.756 por 1.372 = 1.171,98 = 1.172.

Sin perjuicio de ello, debe significarse que existiendo Juzgados de Paz en todos los Partidos, menos en aquellos que son cabecera de departamentos judiciales o de órganos descentralizados, se dan ámbitos en los cuales se respeta el principio de que los apremios se radican en los Juzgados de Paz (donde los hubiera),o en la sede de los órganos judiciales (donde no hubiera Juzgados de Paz); y en otros ámbitos no se respeta ese principio (más allá de reciente norma legal), radicándoselos indistintamente.

Además de ello, existen Departamentos Judiciales con características muy peculiares, como Mar del Plata, donde, de los cuatro Partidos que lo componen, el índice de litigiosidad de la cabecera (General Pueyrredón), es del 99% y el de los otros tres partidos del 1%. En cuanto a la población, el primero lleva el 86,5% del total y los otros tres restantes (Balcarce, General Alvarado y Mar Chiquita), el 13,5%. Es decir, que para aproximadamente 93.000 habitantes existen tres Juzgados de Paz y para alrededor de 601.000 habitantes ninguno, a los efectos de descomprimir a los Juzgados en lo Civil y Comercial.

 

 

            Veamos el nuevo cuadro comparativo:

Por sobre la media prevista de 1.172 causas

 

Mar del Plata

2.138

San Isidro

1.423

San Nicolás

1.690

Morón (La Matanza)

1.699

Lomas de Zamora

1.799

Necochea

1.465

Quilmes

1.305

Tandil (Azul)

1.519

Junín

1.201

 

Por debajo de la media prevista de 1.172 causas

 

La Plata

916

Mercedes

1.157

San Nicolás

1.107

Dolores

730

Azul

701

Bahía Blanca

1.124

Trenque Lauquen

959

Pergamino

1.152

Zárate Campana

901 (2 Juzg. +2)

Olavarría (Azul)

965

Tres Arroyos (Bahía Blanca)

1.027

 

 d) Siguiendo igual método que en b), para no sobrepasar el techo propuesto aquí (sin apremios), de 1.172 causas por año y por juzgado, los departamentos que se encuentran excedidos, deberían contar con los siguientes órganos jurisdiccionales:

 

Mar del Plata

22,31 = 22 (actual 13 + 1)

San Isidro

16,99 = 17 (actual 14)

San Martín

17,30 = 17 (actual 12)

Morón (c/ La Matanza)

17,39 = 17 (actual 12+6+2)

Lomas de Zamora

21,48 = 21 (actual 14)

Necochea

2,50 =   3 (actual 2)

Quilmes

8,90 =   9  (actual 8)

Tandil (Azul)

2,59 =   3  (actual 2)

Junín

4,09 =  4  (actual 4)

 

Nota: Se reiteran las notas expresadas en b). Respecto de Morón-La Matanza, los juzgados expresados (17 en total), deberían asignarse en un 28,2% a La Matanza (4,8) y en un 71,8% a Morón (12,2).


 

Para el resto de Departamentos Judiciales que se encuentran por debajo de las 1.172 causas por juzgado, las conclusiones son las siguientes:

 

La Plata

17,98 = 18 (actual 23)

Mercedes

9,87 = 10 (actual 10)

San Nicolás

5,66 =  6  (actual 6)

Dolores

2,50 = 3   (actual 4)

Azul

2,39 = 2   (actual 4)

Bahía Blanca

7,67 = 8   (actual 8)

Junín

3,28 = 3   (actual 4)

Trenque Lauquen

1,63 = 2   (actual 2)

Pergamino

2,95 = 3   (actual 3)

Zárate Campana

3,07 = 3   (actual 2 + 2)

Olavarría (Azul)

1,64 = 2  (actual 2)

Tres Arroyos (Bahía Blanca)

1,19 = 2   (actual 2)

 

Notas: se reiteran las expresadas en b) in fine.

 

Se aclara nuevamente que esta pauta escogida “sin apremios” es con el fin de tomar otro punto de referencia que los ajenice, para evitar un elemento distorsionante, no estando referida al presupuesto de un cambio de competencia sobre tal materia.

Lo expresado –en resumen- configura una primera propuesta consistente en la creación de mayor cantidad de Organos Jurisdiccionales en el ámbito de la Primera Instancia en lo Civil y Comercial, acorde a la actual división territorial; ello sin perjuicio de su modificación tomando en cuenta su compatibilización con las realidades y necesidades de otros fueros, a lo cual se alude en otros puntos del presente y otras propuestas que se formulan a favor de la disminución de litigiosidad judicial, especialización en razón de la materia, agilidad en los procedimientos y eficacia con la utilización de los elementos con que se cuenta y los que se asignen.

 


                                                 SEGUNDA INSTANCIA

 

Las estadísticas con que se cuenta reflejan resultados por demás dispares en consideración a cantidad de expedientes ingresados y sentencias dictadas por juez, por lo cual –se entiende- no pueden tomarse como elemento determinante. Quizás ello sea causado por las pautas seguidas para su confección que pueda consignar o no en un item u otro los ingresos por apelación de sentencia definitiva (en sus distintas especies), interlocutorias, regulación de honorarios y otras contingencias procesales. Lo mismo es aplicable a la cantidad de sentencias dictadas por Juez, no existiendo parejidad de proporciones.

Más allá de ello, se propone el incremento de las Salas en relación al sugerido aumento de órganos de Primera Instancia, pues se advierte que existe recargo de tareas especialmente donde también  se encuentra abarrotada de litigiosidad la instancia de origen. En particular debería serlo en los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora y Mar del Plata. En segundo lugar, creando al menos una Sala más en los de San Isidro, San Martín y Morón. Respecto de éste último departamento se advierte –como surge de las estadísticas expresadas ut-supra- que ha existido dentro del territorio original que comprendía a La Matanza, un desplazamiento en la creación de nuevos órganos a favor de ésta última circunscripción que se independiza como nuevo Departamento Judicial. No solo en la primera instancia que arranca con la mitad de órganos que Morón (6 juzgados, a los cuales se agregan luego 2 más para un 28 % de litigiosidad, manteniéndose para el 72% restante del territorio original los órganos primarios en número de 12), sino en la segunda instancia que lo hace con una Cámara de Apelación integrada por dos Salas, similar a la de Morón. Tal desequilibrio sólo puede corregirse incrementando los Organos Jurisdiccionales del departamento madre, sin perder de vista la comparación con los restantes no divididos.

Resta también la aplicación de la vigente ley 11.884 que crea un cargo comúnmente denominado de séptimo Juez de Cámara, con el fin de habilitar las Salas de dos miembros y el Presidente común a todas ellas, cuya designación y permanencia en tal función debería reglamentarse para evitar criterios dispares y una inconveniente rotación permanente en la integración de Salas.

Asimismo debería modificarse la competencia conjunta en las Cámaras del interior que abarcan diversos fueros por una cuestión funcional y de especialidad, lo que se mantiene en Departamentos de menor litigiosidad como Pergamino, Necochea y Zárate-Campana.

Por último se entiende conveniente sustraer de las Cámaras de Apelación en particular tareas administrativas o de Superintendencia (legalizaciones, sorteo de Peritos, asumiendo el carácter de Órgano de Contralor del Acuerdo 2.728 de la Suprema Corte de Justicia, Superintendencia Edilicia y sobre oficinas específicas, etc.) que podrían asignarse a órganos descentralizados especiales, o a todo evento, a las Presidencias de los Organos de Segunda Instancia, pero dotados de una estructura necesaria para tales funciones no jurisdiccionales. Ello con el fin de no restar dedicación a las tareas jurisdiccionales específicas, ya de por sí recargadas, lo cual por otra parte redundaría en una mayor eficacia en las expresadas funciones administrativas al existir un Órgano estable, o Secretaría de Presidencia que las atienda, evitando así una anual variación del responsable e intérprete de las disposiciones.

 

 

OTRAS PROPUESTAS QUE SE FORMULAN

 

Las diferentes sugerencias que se esbozan a continuación están referidas a distintos ámbitos de actuación, pudiendo coexistir con la ya sugerida de refuerzo de la estructura existente.

 

1) Mecanismos de descongestión: Dentro de ellos se pueden implementar distintas alternativas destinadas a la descarga de los expedientes en tramitación, pudiendo coexistir con la ya sugerida de refuerzo de la estructura existente, como ya queda expresado. Esto tiende a la disminución del volumen de causas.

 

Entre otros pueden destacarse:

a) Medios alternativos de solución de los conflictos: Conciliación, mediación y arbitraje, los cuales procuran disuadir el pleito por medio de una composición inmediata y preventiva de la controversia judicial en un ámbito ajeno al Poder Judicial; o dentro de él como conciliador en una etapa previa al juicio (figura el Consejero en los Tribunales de Familia). O difundiendo y fomentando la Institución del Arbitraje prevista en los Títulos I, II y III del Libro VI del Código Procesal.

b) Creación de Juzgados de Ejecución: que tiendan a descargar esta etapa del trámite judicial, cada vez más dificultosa, pues día a día más se verifica que el trámite no concluye con la sentencia, sino que muchas veces el litigio se acrecienta en su ejecución. Ello podría  comprender a los procesos ejecutivos donde existen similitudes en las características de las demandas y defensas o excepciones; tratándose muchas veces de trámites burocráticos y voluminosos, sin demasiado requerimiento de elaboración jurídica, que abarrotan los juzgados substanciándose mecánicamente y muchas veces por vía de la informatización.

 

 

2) Diversificación de la competencia en razón de la materia,  creándose –según las necesidades- un mínimo de Juzgados de Concursos y Sociedades. Ello redundaría a favor de la especialización y agilización del trámite, al contarse con personal especialmente idóneo en la materia. A su vez se evitaría el tremendo shock que causa en el Juzgado Civil y Comercial la asignación de conocimiento de un Concurso de especial importancia o gravitación; a veces paralizando el resto de la ardua tarea o afectándolo sensiblemente, dada la voluminosidad del mismo, incidentes, etc. En este aspecto se recomienda la creación o transformación de más de un juzgado, para evitar otros inconvenientes (subrogaciones, único criterio y jurisprudencia departamental, etc.), por lo cual para ampliar su materia se sugiere adicionar lo relativo a Sociedades y así justificar al menos dos juzgados específicos. Podría utilizarse la estructura de la actual Secretaría de Registro Público de Comercio de competencia actual totalmente recortada. En segunda Instancia podría entender una Sala especializada (sin perjuicio que la misma –si la cantidad de asuntos no lo justifica- reciba también sorteo de causas de el resto de las materias hasta compensar igual carga que las restantes Salas.

Como alternativa a la precedente propuesta podría también propiciarse el desdoblamiento del fuero, separando lo Civil de lo Comercial en los Juzgados de Primera Instancia, para obtener igual o similar número de órganos jurisdiccionales de decisión en cada materia. Ello en forma semejante a la que hace tiempo posee la Justicia Nacional. En la Instancia de Alzada no se advierte necesidad de producir tal desdoblamiento del fuero por materias.

            Esta alternativa puede concretarse en forma casi inmediata, dado que ya existe la totalidad de los órganos jurisdiccionales que comprende y los mismos están en funcionamiento con atribución de competencia en ambas materias. De tal modo queda claro que la propiciada reestructuración no significaría ningún incremento en los gastos y/o recursos hoy asignados a la prestación de esa faceta del servicio de justicia.

3) Creación de Órganos Jurisdiccionales de Menor Cuantía, Vecindad y Faltas: Los Juzgados de Paz Letrados (Ley 11.904), se encuentran radicados en las ciudades cabeceras de los partidos que no sean sede de un Departamento Judicial u órgano descentralizado. Ello determina que las ciudades cabeceras de los Departamentos Judiciales carezcan de Juzgados de Paz Letrado. Ámbito en el cual podrían crearse los Juzgados de Menor Cuantía de mención, lo cual encuentra viabilidad normativa en el art. 172 de la Constitución Provincial (y asignársele las materias que se expresan más abajo).

Merece destacarse el caso casi insólito del Departamento Judicial Mar del Plata (ver ut-supra en c), donde su Partido cabecera tiene el 99% de litigiosidad y los tres restantes el 1%. Considerando que estos últimos son sede de Juzgados de Paz, careciendo de este fuero Gral. Pueyrredón, con el 86,5% del total de la población.

 

Apremios

 

Hemos visto que los juicios de Apremio ocupan un porcentaje importante del caudal del Juzgado. En 1994, en Lomas de Zamora significaron el 43,7% del total; el 31,7% en Quilmes; el 22,3% en Junín y el 14,1% en La Plata, con un promedio provincial del 18,4%. Tanto en 1998 (con 51.618 causas de apremio sobre un total de 236.685), como en 1999 (con 56.332 causas, frente a un total de 258.076) se repite –coincidentemente- el 21,8% de significación en el ámbito provincial.

Tal tipo de juicio, en el cual no se plantean conflictos jurídicos, pero que por su volumen y sentada inconstancia de aportación complica excesivamente al juzgado, restando dedicación a asuntos de mayor complejidad, bien podría asignarse a los procurados juzgados de menor cuantía en la cabecera y en el interior, a los Juzgados de Paz, reforzando sus estructuras o creando una Secretaría específica.

Otra alternativa es asignarle al fuero Contencioso Administrativo (más cercano a la materia, lo cual redundaría en provecho de la especialidad) tal tipo de proceso, hoy ajenizado en su competencia por la ley 12.008, pero que la ley 9.122 (art. 3° modif. Ley 11796 art. 77), previó reservársela.

 

4) Instauración del proceso monitorio o de anticipación de sentencia previa al eventual contradictorio para cierto tipo de materias, con resguardo –por cierto- del derecho de defensa. Proceso si bien novedoso, hoy vigente con cierta analogía en la cancelación de títulos.

5) Perfeccionamiento de la informatización en los procesos a través de herramientas informáticas y organización de sistemas. Optimización de las notificaciones,  a cuyo respecto existen diversos estudios y ámbitos de experimentación. Debe recordarse que el trámite de estas últimas ocupa espacio y tiempo en el expediente considerables. Por ello deben procurarse formas más ágiles de anoticiamiento, no sin dejar a salvo el debido ejercicio del derecho de defensa de las partes.

6) Establecer un adecuado modelo de organización de la oficina judicial y administrativa de apoyo y de sistemas de informatización y gestión. Ello para evitar la dispersión de la atención en tareas administrativas en desmedro de la actividad jurisdiccional.

7) Crear definitivamente un sistema de subrogancias. Existen antecedentes en la Constitución anterior a 1994, en las normas jubilatorias de magistrados que lo establecen como carga pública y en la Norma Fundamental vigente, que abonan tal institución del Juez subrogante.

Hoy en día son muchos los casos de vacancias transitorias (licencias, suspensiones, vacancias por renuncias o ascensos) que deben ser cubiertos por los jueces de ese e incluso otros fueros. Merece destacarse que los Jueces en lo Civil y Comercial no sólo deben subrogarse entre ellos, sino que según Acuerdo de la S.C.J.B.A. n° 2.690/95 deben hacerlo respecto de los jueces de los Tribunales de Familia. Ello duplica la tarea del magistrado, recargando sensiblemente su función, en desmedro de ambos órganos jurisdiccionales. También afecta el servicio de justicia, pues se demora justificadamente el despacho o el dictado de sentencias. A cuyos fines hasta se dispone el resorteo de causas en otros juzgados del fuero.

Estas contingencias deberían preverse y evitarse los señalados perjuicios, creándose un cuerpo de jueces subrogantes, cuya función sería cubrir transitoriamente las vacantes. Incluso asignársele en un Juzgado con titular en ejercicio –quizás a su pedido- alguna de esas causas de alta complejidad (concursos, etc.), que distorsionan el funcionamiento del mismo.

8) Merece destacarse que existen juzgados con mengua en sus plantas funcionales, ya fuere de funcionarios o de empleados. Ya sea por diferencias en dotación o por cuestiones coyunturales (licencias, pases, traslados, etc,). Respecto de los Funcionarios, algunos Juzgados del interior carecen de Auxiliares Letrados (nunca se los dotó del cargo), cargo cuya provisión implica la existencia de un colaborador directo del Juez en tareas profesionales. Ausencia que causa un notorio detrimento en la aptitud del Órgano Judicial para responder a las crecientes exigencias de la función.

Atinente al personal en general, debería también establecerse un sistema de cobertura temporaria de las faltantes, evitándose así casos extremos de carencia de varios agentes en un solo juzgado, lo cual resiente e imposibilita el trabajo eficaz, dando lugar a demoras, luego muy difíciles de remontar.



 

Fuero de Familia


FUERO DE FAMILIA

 

La competencia atribuida por Ley 11.453 al Fuero de Familia, se encuentra asignada en la modificada Ley 5.827 a 29 Tribunales de Instancia Única: Departamento Judicial  La Plata 2; San Nicolás 1; Bahía Blanca 1; San Isidro 2; San Martín 2; Morón 3; Lomas de Zamora 4; Quilmes 2; La Matanza 3; Mar del Plata 1; (en funcionamiento pleno; excepto 1 en La Matanza y el de Mar del Plata en proceso de integración). Resta poner en funcionamiento, además del de La Matanza, los de Mercedes, Dolores, Azul, Junín, Trenque Lauquen, Necochea, Pergamino y Zárate-Campana (1 en c/u). Es decir que de los 29 señalados funcionarán en el corriente año 20.

Las causas en la materia para 1999 fueron 40.327, frente a 253.808 en materia civil y comercial. Por lo tanto de un total de 294.135 de ambos fueros en toda la provincia, el 13,7% corresponde a la competencia de Familia y el 86,3 % restante a Civil y Comercial.

Existiendo 8 departamentos judiciales donde aún no se han puesto en funcionamiento los Tribunales específicos para la materia, creados por la ley señalada, las causas del fuero de marras tramitan en el ámbito de los Juzgados Civiles y Comerciales elevándose éstas a la cantidad de  3.480 causas (números de 1999, tomándose al Tribunal de Mar del Plata con sus 2.250 causas integrado al fuero, lo que sucederá realmente en el corriente año), cifra que representa el 8,6%, frente al 91,4% ya integrado al sistema en 10 departamentos judiciales.

 

A continuación se especifican las cifras concretas por departamento judicial en los cuales ya existen Tribunales en funcionamiento, siempre con guarismos de 1999. Se consigna junto a la cantidad de causas la proporción que ocupa en la suma de causas civiles y comerciales y de familia.

 

 

 

Departamento Judicial

Causas

Tribunales

Carga por Tribunal

La Plata

4.241 (12.6%)

2

2121

San Nicolás

629 (8.4%)

1

629

Bahía Blanca

1.774 (15.6%)

1

1774

Mar del Plata

2.250 (5.3%)

1

2.250

San Isidro

4.013 (12.9%)

2

2.007

San Martín

4.103 (16.4%)

2

2.052

Morón

5.674 (20.3%)

3

1.891

Lomas de Zamora

9.369 (25.1%)

4

2.342

Quilmes

3.236 (16.1%)

2

1.618

La Matanza

1.558 (15.1%)

2

779

La Matanza (en pleno)

1.558 (15.1%)

3

519

 

 

Los que han sido creados por ley, pero resta poner en funcionamiento (además del consignado en La Matanza):

 

Departamento Judicial

 

Causas

 

Tribunales

 

Carga por Tribunal

Mercedes

952 (7.6%)

1

952

Dolores

296 (8.3%)

1

296

Azul

264 (8.3%)

1

264

Junín

403 (7.6%)

1

403

Trenque Lauquen

279 (14.2%)

1

279

Necochea

306 (9.4%)

1

306

Pergamino

392 (10.2%)

1

392

Zárate Campana

588 (14.7%)

1

588

TOTALES

(en la Provincia)

40.327 (13.7%)

29

1.391


 

 

Otros  datos  estadísticos

 

 

Las causas totales por departamento referidas se descomponen e integran de la siguiente forma en los puestos en funcionamiento (se consigna entre paréntesis la fecha de inicio; los datos son de 1999).

 

Ingreso en Etapa previa

 

Ingreso Directo

Total

La Plata-2

(abril 1995)

2205 (52%)

2.036 (48%)

4.241

Bahía Blanca-1

(dic. 1996)

772 (43%)

1.035 (57%)

1.087

San Isidro-2

(abril 1998)

1.521 (38%)

2.492 (62%)

4.013

San Martín-2

(mayo 1997)

1.467 (36%)

2.636 (64%)

4.103

Morón-3

(ago.1997 y oct. 1997, incluye La Matanza

3.189 (45%)

4.043 (55%)

7.232

Lomas de Z.-4

(Sept. 1996 y mar. 1997)

3.177 (34%)

6.192 (66%)

9.369

Quilmes- 2

(jun. 1997 y nov. 1997)

1.387 (43%)

1.849 (57%)

3.236

TOTAL(en 16 Tribunales)

 

13.718 (40.3%)

 

20.283 (59.7%)

 

34.001

 

 

 

 

 

 
CONCLUSIONES FUERO DE FAMILIA

 

 

La litigiosidad en materia de Familia implica el 13,7% del total que integra con la Civil y Comercial.

 Existen departamentos judiciales con diferente integración de estos componentes que se expresan por territorio. Así debe resaltarse el 25,1% correspondiente a Lomas de Zamora que contrasta con su antípoda en este tema que es Mar del Plata con el 5,3%, ubicándose entre ambos extremos los restantes. Respecto de este último departamento judicial no es de extrañar su baja proporción (como tantas  atipicidades ya señaladas) pues si bien es de los de más alta litigiosidad, debe considerarse que apunta al ámbito patrimonial, dado su carácter de polo comercial e industrial, como turístico. La cantidad total de causas en 1999 (42.708), concentradas el 99% en Gral. Pueyrredón, casi duplica la de algunos Departamentos Judiciales del conurbano, teniendo la mitad de habitantes de alguno de ellos. Son mayoría apremios y ejecutivos en desmedro – por lo  tanto – de porcentaje de conflictos de familia.

Podría –a fin de comparar- tomarse la media de carga de ingreso de causas por Tribunal y por año, que en 1999 fue de 1.391 (si bien en Civil y Comercial se tomó 1.500 como pauta, estando aquí referida a tres jueces que integran el Organismo, resultando 464 causas para cada uno, no puede desconocerse que se trata de una materia y problemática que requiere dedicación personal –no delegable-, trámite oral, litigiosidad sumamente conflictiva, siendo menester el abordaje y seguimiento de la problemática familiar, donde interactúan varios componentes e interesa al orden público y compromete al interés  familiar).

 

 

 

 

 

Por encima de este parámetro se encuentran los Tribunales de:

La Plata

(4.241 causas dividido 1.391= 3,05 Tribunales = 3)

Mar del Plata

(2.250 dividido 1.391 = 1,62 =2)

San Isidro

(4.013 dividido 1.391 = 2,88 = 3)

San Martín

(4.103 dividido 1.391 = 2,95 = 3)

Morón

(5.674 dividido 1.391 = 4,07 = 4)

Lomas de Zamora

(9.369 dividido 1.391 = 6,7 = 7)

Quilmes

(3.236 dividido 1.391 = 2,32 = 2)

Bahía Blanca

(1.774 dividido 1.391 = 1,27 = 1)

 

Los restantes creados y funcionando (San Nicolás y La Matanza), como los que aún no funcionan (8 deptos. referidos ut-supra) no llegan a exceder la pauta sugerida.

 

RECOMENDACIONES

 

a) Con el fin de garantizar una igualdad de consideración al litigante, toda vez que se ha creado un fuero destinado a otorgar un tratamiento específico al conflicto familiar por parte de un órgano jurisdiccional integrado por personas especializadas, con un gabinete profesional de apoyo y seguimiento del caso, deberían – en la medida que los recursos lo permitan – ponerse en funcionamiento los órganos pendientes y que se consignaran más arriba. Sin perjuicio de ello se debe destacar que tal fuero alcanza al 91,4 de su materia litigiosa, restando solo el 8,6%; pero que se verifica en 8 departamentos judiciales.

b) De ser posible la creación de nuevos órganos  para este Fuero de Familia, estos deberían primordialmente beneficiar a Lomas de Zamora (3); La Plata (1); Morón (1); San Martín (1); San Isidro (1) y Mar del Plata (1), habiéndoselos colocado en el orden de las necesidades.

c) En otro orden de ideas, y habiéndose apreciado que el proceso puede demorarse en la etapa previa, se debería instrumentar con plenitud la creación del segundo cargo de Consejero de Familia, no siendo suficiente la solución coyuntural basada en la transformación del cargo y corrimiento del personal (se traba si no existe empleado con título de abogado para acceder al cargo de Auxiliar Letrado), pues se congela el último cargo administrativo, perdiéndose así un colaborador valioso.

 

d) En lo demás son aplicables en lo pertinente las propuestas realizadas para la justicia civil y comercial atinentes a perfeccionamiento de la informatización; optimización de las notificaciones (punto 5); organización de la oficina judicial y administrativa de apoyo y de sistemas de informatización y gestión (punto 6); crear un sistema de subrogaciones por parte de  jueces específicos (punto 7) y de reemplazos de personal ante vacancias transitorias que pueden desarticular el funcionamiento del Tribunal (punto 8).

 

e) Por último, y existiendo diversas propuestas y proyectos destinados al cambio del sistema creado por la ley 11.453, e instaurado en el Libro VIII – Títulos I a III del Código Procesal Civil y Comercial, que transitan desde la transformación del Tribunal de Instancia Única, en Órganos Unipersonales, previendo una doble instancia, pasando por alternativas intermedias como el mantenimiento de la actual estructura, pero ampliando el procedimiento previsto in fine del art. 838 del C.P.C.C. (divorcio de trámite íntegro ante uno de los Jueces del Tribunal, con reconsideración de lo decidido ante el mismo) a otras materias, toda vez que se trata de propuestas y debates doctrinarios que deben substanciarse en otros ámbitos. Sin perjuicio de lo cual entiende aceptable los retoques que tienden a dar mayor celeridad y eficiencia al proceso en la medida en que no causen desmedro a los superiores intereses tutelados.



 



Fuero

Criminal y Correccional

1. Introducción.

 

                                   Se ha planteado como metodología de trabajo el obtener estadísticas y datos del Fuero Penal de la totalidad de los Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires, para establecer las necesidades de cada uno de ellos a la luz de las pautas establecidas durante las reuniones en cuanto a la carga laboral ideal que deben tener los distintos órganos judiciales del fuero de acuerdo con las tareas que desempeñan.

                                   Se ha recopilado una considerable cantidad de datos provenientes de la Subsecretaría de Planificación y la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, el Departamento de Informática de la Procuración General, la Dirección Nacional de Política Criminal, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

                                  

2. Análisis de la situación del Fuero Penal en la Provincia de Buenos Aires.

 

Se ha centrado la labor en varios ejes principales a saber:

 

  1. Establecer qué grado de necesidad de creación de nuevos departamentos judiciales existe en la provincia, a la luz de la situación del fuero penal a la fecha del informe de esta Subcomisión.
  2. Destacar cuales son las necesidades y en su caso, urgencias de los departamentos judiciales que hoy se aprecian como más conflictivos en funcionamiento en el territorio provincial.
  3. Establecer criterios de asignación o distribución de trabajo en la etapa de la instrucción penal preparatoria.
  4. Recomendar la necesidad de la pronta implementación de la Policía Judicial.
  5. Establecer la proporción que debe existir entre los órganos de investigación y acusación, y defensa. Fijar las cantidades aceptables de juicios y/o expedientes a ser analizados por los tribunales de juicio, los juzgados correccionales y el Tribunal de Casación Penal. Estudiar la situación de los juzgados de transición.
  6. Recomendar la pronta entrada en funcionamiento de los juzgados de ejecución creados por ley.

 

 

2.a. Primera cuestión.

 

                                   En orden a la primera cuestión, ha existido coincidencia entre los miembros en que de momento no aparece como necesario instaurar nuevos departamentos judiciales en la provincia a la luz de la situación del fuero penal, con las observaciones que habrán de hacerse al responder la segunda cuestión.

                                   En apoyo de esta postura, cabe destacar que el mejoramiento del servicio de justicia en la Provincia debe lograrse a través de la optimización de los recursos humanos y de infraestructura ya existentes y la instauración de controles de gestión, y no mediante la creación de nuevos departamentos judiciales.

                                   En ese orden de ideas, cabe recordar la poco feliz creación de departamentos judiciales cuya misma existencia fuera posteriormente cuestionada y que tuviera su origen en la aceptación de una práctica legislativa.

 

 

 

 

 

2.b. Segunda cuestión

 

                                   No obstante lo expuesto, existe unanimidad en señalar como grave la situación de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora y La Matanza, en lo referido a la insuficiencia en la cantidad de órganos de investigación y juzgamiento en relación a la cantidad y complejidad de las causas en las que deben entender y a la densidad poblacional de los territorios en los que tienen competencia.

                                   Sin perjuicio de remitir sobre este punto a las estadísticas adjuntas, a título ilustrativo, cabe destacar que mientras que en la Provincia de Buenos Aires el promedio es de un Fiscal de Instrucción cada 61.535 habitantes, con un promedio de 1997 Instrucciones Penales Preparatorias (I.P.P.) a su cargo, en Lomas de Zamora la relación trepa a un Fiscal cada 74.183 habitantes y debe entender cada uno en 2.584 I.P.P. y en La Matanza a un Fiscal cada 100.511 habitantes que interviene a su vez en 3.807 I.P.P.

                                   Los números enunciados demuestran por sí solos la gravedad de la situación a solucionar.

                                   Aún conservando el número de Departamentos Judiciales, se coincide en la conveniencia del estudio de proyectos de descentralización y regionalización con el objetivo de lograr, al menos, una equitativa distribución de la carga de trabajo hasta llegar o acercarse a los promedios estadísticos del resto de la Provincia de Buenos Aires.

                                   En función de los estándares de acceso a la justicia que debe garantizarse a los ciudadanos es que deberá apreciarse la celeridad con la que habrá de resolverse la cuestión.                                                

 

 

2.c. Tercera cuestión.

 

                                   En relación a esta cuestión en seno de la Subcomisión se apreciaron diferentes puntos de vista que no pudieron ser conciliados.

                                   Por esta razón, al momento de establecer los criterios de asignación o distribución de trabajo en la etapa de la instrucción penal preparatoria, se resolvió poner en conocimiento del pleno de la Comisión que hubieron estimaciones que oscilaron entre un techo de 1.500 y un piso de 600 como número apropiado de causas cuya dirección de la investigación puede estar a cargo de cada fiscal en el término de un año, incluidas las causas con delitos cometidos por autores ignorados

                                   Consecuentemente y dada la importancia de la incidencia presupuestaria, se eleva para decisión final de la Comisión la determinación del parámetro aconsejable sobre el punto, vista la diversidad que se señalara en el párrafo anterior.

 

                                En atención a la distancia que existe entre los parámetros propuestos por los miembros de la Subcomisión que ha elaborado el preinforme, para la determinación del número de causas que puede atender satisfactoriamente una Unidad de Instrucción Penal –quienes no lograron arribar a un acuerdo sobre el punto-, cabe destacar la carencia actual de datos empíricos suficientes que permitan su elaboración. Teniendo en cuenta que de su determinación resultaría la necesidad de proceder a una redistribución de las tareas asignadas, lo que sin duda tiene directa incidencia en los recursos asignados y/o a asignarse, se propicia la postergación de la elaboración de tales parámetros, para la oportunidad en que se cuenten con relevamientos suficientes de la realidad de la nueva experiencia de investigación penal.

 

2.d. Cuarta cuestión.

 

                                   Sobre el particular ha existido unanimidad en recomendar, una vez más, la imperiosa necesidad de la pronta implementación de la Policía Judicial. El contenido de esta afirmación se explica por sí solo, a la luz de la profusa producción doctrinaria y legislativa.

 

2.e. Quinta cuestión.

 

                                   En el marco de establecer la necesidad de proporción entre los órganos de investigación y acusación, y defensa, se aprecia como aconsejable, la siguiente relación: un Juez de Garantías y dos Defensores Oficiales cada tres Agentes Fiscales de Instrucción.

                                   También se ha convenido en afirmar que por Tribunal en lo Criminal deberían celebrarse entre 90 y 100 audiencias por año, esto es a razón de 3 ó 4 juicios -incluidos los juicios abreviados- por semana. También ha existido consenso en orden a que debe haber un Agente Fiscal y un Defensor Oficial por Tribunal en lo Criminal.

                                   Se ha considerado que por Juzgado Correccional deben celebrarse entre 2 y 3 juicios -incluidos los juicios abreviados- por semana, ya que la recarga debe ser menor que la de un Tribunal en lo Criminal, en razón de su carácter unipersonal. Ha existido coincidencia en que debe haber un Agente Fiscal y un Defensor Oficial  por Juez.

                                   En punto a los Juzgados de Transición, se concluye que en atención a la cantidad de expedientes que se encuentran aún en trámite ante tales órganos, debería prorrogarse el término de ley.

                                   Por último, se abordó el tema del cúmulo de tareas del Tribunal de Casación Penal y se llegó a la conclusión de que si bien mediante un notable esfuerzo se ha resuelto el 50 % de los 5.400 expedientes recibidos entre el mes de agosto de 1998 y el 31 de diciembre de 2000, subsiste un remanente de causas que hace aconsejable su inmediata ampliación, a fin de garantizar la prestación del servicio de justicia en dicha instancia.

 

 

2.f. Sexta cuestión.

 

                                   Finalmente, se concluye en recomendar la pronta entrada en funcionamiento de los Juzgados de Ejecución creados por ley, a fin de dar viso de realidad al espíritu de la reciente reforma procesal en torno a judicializar las cuestiones penitenciarias. Al igual que lo sostenido en punto a la Policía Judicial, sobran fundamentos para sostener esta afirmación.

 

 

 

3. Recomendación final.

 

                                   Contestadas las cuestiones concretas se señala que todas las sugerencias hechas en el marco del presente informe, deben ser necesariamente acompañadas de una permanente capacitación del factor humano y un adecuado control de gestión, sin los cuales resulta imposible lograr una real optimización del servicio de justicia.






Fuero de Menores

                                                          

De conformidad a los datos suministrados por el Departamento de Estadística de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, durante el año 1999 las causas tramitadas por ante los treinta y cinco Juzgados de Menores ascendieron al número de 70.076, representando un incremento del 4,4 % respecto del año 1998.

A fin de evidenciar el notable aumento del índice de litigiosidad en este fuero, cabe destacar que el número de expedientes en trámite en el año 1993 - oportunidad en que se expidiera la anterior Comisión del Mapa Judicial - alcanzaba la cifra de  46.549 causas.

De la cifra actual,  49.871 corresponden a causas de carácter asistencial - 71% - en tanto que  20.205 son aquellas iniciadas por delitos o faltas cometidas por menores - 29% - .

Los promedios de “recepción por tribunal” –que definen la litigiosidad  por órgano-  demuestran que el departamento judicial con  índice mayor es el de Lomas de Zamora, siendo también elevado y siguiéndole en orden decreciente el de  las Departamentales San Martín, La Plata, San Isidro y Quilmes.

A fin de paliar la grave situación descripta -        reiteradamente planteada por la Suprema Corte de Justicia y por los magistrados y funcionarios del fuero -  se propició la creación de nuevos juzgados mediante el  desdoblamiento de los existentes, que pasarían a contar  con una única secretaría  y equipo técnico propio.

La sanción de la ley 12.342 materializó parcialmente esta propuesta, creando quince cargos de juez, distribuidos de la siguiente manera: dos (2) en el departamento Judicial San Martín; dos (2) en el Departamento Judicial La Plata; tres (3) en el Departamento Judicial Lomas de Zamora; tres (3) en el Departamento Judicial San Isidro; uno (1) en el Departamento Judicial Zárate-Campana; uno (1) en el Departamento Judicial La Matanza; uno (1) en el Departamento Judicial Morón; uno (1) en el Departamento Judicial Mar del Plata y uno (1) en el Departamento Judicial Mercedes –a cuyo respecto se ha analizado como conveniente su funcionamiento en el Partido de Moreno.

Asimismo, la ley 12.219 creó  dos (2)  juzgados en el Departamento Judicial Quilmes: uno con asiento en la ciudad de Berazategui  y el otro en la ciudad de Florencio Varela, los que absorberán aprox. el 15 % y 25% respectivamente del índice total de la departamental.

De esta forma el Fuero de Menores verá modificada su actual conformación, previéndose que a mediados del  año 2001, se pondrán en marcha los nuevos órganos, descomprimiendo los actuales(*).

No obstante ello,  y a fin de proveer a una solución integral del fuero minoril, esta Subcomisión estima necesario la creación de nuevos Juzgados de Menores en las  departamentales Azul, Trenque Lauquen, Dolores y Junín,  atento su calidad de únicos en jurisdicciones territorialmente extensas; asimismo, si bien por diferente motivo cual es el promedio de causas por juez se avala otro en las departamentales San Nicolás  y San Martín.

En este último  caso, como en los de Azul y Dolores, no obstante haber sopesado que los costos que demandará su puesta en marcha y funcionamiento serán mayores que en los casos de desdoblamiento en la cabecera departamental, se ha entendido conveniente descentralizarlos, ubicándolos en Olavarría, Mar de Ajó o General Madariaga y San Miguel respectivamente y asignándoles competencia sobre determinados Partidos.

Párrafo aparte merece la situación del Ministerio Público Pupilar que debe acompañar a los nuevos órganos jurisdiccionales en el ejercicio concurrente y coordinado de funciones.

En tal sentido,  se destaca que a la fecha tan sólo nueve departamentales cuentan con la Asesoría de exclusiva actuación ante el fuero que requiere la legislación vigente, en tanto que en las de Mercedes, Junín, San Nicolás, Dolores, Trenque Lauquen, Azul, Pergamino y Necochea los funcionarios se desempeñan compartiendo la competencia civil y de menores.

Por lo dicho, debiera contemplarse en este último supuesto la condigna respuesta al mandato legal,  teniendo presente además que el incremento en el número  de juzgados torna necesario el aumento acompasado de Asesorías en todos los casos, y muy especialmente en los que se trate de  órganos fuera de la cabecera departamental.

No escapa al criterio de esta Comisión los proyectos de leyes tendientes a reformar el actual régimen de Patronato de Menores provincial y  a la fecha en estado parlamentario.

A ese respecto se señala como necesario frente a la ley vigente  Nº 10.067/83,  la ampliación de la vía recursiva y la especialización del tribunal de Segunda Instancia llamado a resolver: debiera implementarse la Alzada específica, o al menos habilitarse una sala a tal fin en las Cámaras  existentes.

                             Se comparte la inclusión de Defensor y Fiscal en el fuero que nos ocupa y se destaca que la competencia asignada al mismo no debería ser modificada, como propician algunas propuestas legislativas.

Que, de hacerlo, ello significaría un verdadero retroceso en la aquilatada trayectoria de la Provincia, pionera en ofrecer una intervención judicial especializada  ante situaciones de niños y jóvenes afectados por acciones, omisiones o delitos de adultos supuestamente responsables de su cuidado, o que resultaren víctimas del accionar de terceros.

Pretender desplazar estas situaciones a organismos administrativos constituiría una vulneración  a las garantías que deben rodear los derechos del menor -cuya positividad se encuentra hoy reforzada a nivel constitucional -.

                           Asimismo, transferirlas a los Tribunales de Familia significaría desconocer la télesis de la ley Nº 11.453 amén de ignorar que hoy por hoy estos órganos se encuentran superados por su propia competencia.

                            Por otra parte, las estadísticas existentes revelan que  los magistrados a cargo de los Juzgados de Menores quedarían solamente con un 29 % de su actual competencia, lo que no se compadece con los nuevos órganos creados recientemente.

                              Luego, lo expuesto se sustenta tanto en los principios tuitivos que rigen el fuero como en cuestiones prácticas que también deben ser atendidas.

                       Por su parte y en lo que hace al equipo técnico de profesionales, se entiende corresponde continúe perteneciendo al plantel del Juzgado de Menores - sin perjuicio, obviamente, de su independencia funcional - por resultar sus informes y dictámenes imprescindibles al magistrado previo a resolver.

                           Por último  se sugiere que,  visto el carácter unipersonal del órgano llamado a decidir en esta problemática, se unifique su denominación como Juzgado de Menores.




 

JUZGADOS DE MENORES

 

 

INDICE DE LITIGIOSIDAD

 

AÑO 1999

 

DEPARTAMENTO JUDICIAL

TOTAL

LOMAS DE ZAMORA

11.656

LA PLATA

8.272

SAN ISIDRO

7.452

SAN MARTIN

6.906

QUILMES

5.095

LA MATANZA

5.068

MORON

4.756

MAR DEL PLATA

3.715

MERCEDES

3.261

BAHIA BLANCA

2.177

AZUL

1.777

JUNIN

1.668

ZARATE CAMPANA

1.617

SAN NICOLAS

1.409

DOLORES

1.353

TRENQUE  LAUQUEN

1.154

PERGAMINO

931

NECOCHEA

781

TANDIL

   567

TRES ARROYOS

    461

             TOTAL

 

70.076

            ¨Cifras provisorias conforme Departamento Estadísticas de la Procuración General.

 

 

 

JUZGADOS DE MENORES

 

CANTIDAD DE CAUSAS POR JUEZ

 

AÑO 1999

 

DEPARTAMENTO JUDICIAL

PROMEDIO

POR JUEZ

LOMAS DE ZAMORA

3.885

SAN MARTIN

3.453

QUILMES

2.548

LA PLATA

2.757

SAN ISIDRO

2.484

LA MATANZA

1.689

MERCEDES

1.631

MORON

1.585

AZUL

1.777

MAR DEL PLATA

1.858

ZARATE CAMPANA

1.617

JUNIN

1.668

SAN NICOLAS

1.409

BAHIA BLANCA

1.089

DOLORES

1.353

TRENQUE  LAUQUEN

1.154

PERGAMINO

931

NECOCHEA

781

TANDIL

567

TRES ARROYOS

461

 

PROMEDIO

TOTAL

 

 

2.002

 

            ¨Cifras provisorias conforme Departamento Estadísticas de la Procuración General.

 

 EXTENSION TERRITORIAL

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS

Superficie Km2

BAHIA BLANCA

59958

AZUL

48065

TRENQUE LAUQUEN

47762

DOLORES

32950

MERCEDES

25357

JUNIN

22014

LA PLATA

16978

NECOCHEA

12214

MAR DEL PLATA

10376

TRES ARROYOS

9641

SAN NICOLAS

6356

TANDIL

5006

PERGAMINO

3972

ZARATE

3123

SAN ISIDRO

1734

LOMAS DE ZAMORA

654

QUILMES

503

LA MATANZA

323

MORON

301

SAN MARTIN

287

TOTAL

307574


                                          JUZGADOS DE MENORES UNICOS

 

 

AÑO 1999

 

 

 

 

JUZGADO

Nº CAUSAS

SUPERFICIE KM2

AZUL

1.777

48.065

TRENQUE LAUQUEN

1.154

47.762

DOLORES

1.353

32.950

JUNIN

1.668

22.014

NECOCHEA

781

12.214

TRES ARROYOS

461

9.641

SAN NICOLAS

1.409

6.356

TANDIL

567

5.006

PERGAMINO

931

3.972

ZARATE CAMPANA

1.617

3.123

* ordenado de acuerdo a mayor superficie

 

 

 

 

 

 

 

JUZGADO

Nº CAUSAS

SUPERFICIE KM2

AZUL

1.777

48065

ZARATE CAMPANA

1.617

3123

JUNIN

1.668

22014

SAN NICOLAS

1.409

6356

DOLORES

1.353

32950

TRENQUE LAUQUEN

1.154

47762

PERGAMINO

931

3972

NECOCHEA

781

12214

TANDIL

567

5006

TRES ARROYOS

461

9.641

 

·         ordenado en forma descendente por nºcausas

 

 

 

 

 

 

 

 

 NUMERO ACTUAL Y PROYECTADO DE JUZGADOS DE MENORES

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS

Magistrados Actuales

Magistrados según proyecto Diputados

Magistrados según proyecto Senado

AZUL

1

2

1

BAHIA BLANCA

2

4

2

DOLORES

1

2

1

JUNIN

1

2

1

LA MATANZA

3

6

4

LA PLATA

3

6

5

LOMAS DE ZAMORA

3

6

6

MAR DEL PLATA

2

4

3

MERCEDES

2

4

3

MORON

3

6

4

NECOCHEA

1

2

1

PERGAMINO

1

2

1

QUILMES

      2  *

4

2

SAN ISIDRO

3

6

6

SAN MARTIN

2

4

4

SAN NICOLAS

1

2

1

TANDIL

1

1

1

TRENQUE LAUQUEN

1

2

1

TRES ARROYOS

1

1

1

ZARATE

1

2

2

TOTAL

35

68

50

 

 

 

 

 

* Además un Juzgado en Berazategui y otro en Florencio Varela creados por ley 12.219, sin funcionar a la fecha.


 

Ley 12.607

“De Protección Integral de los Derechos del Niño y el Joven”

 

Con posterioridad a la entrega del informe elaborado por la Subcomisión del Fuero de Menores, se sancionó –exactamente el 29 de diciembre de 2000- la Ley 12.607 “De Protección Integral de los Derechos del Niño y el Joven”, la misma deroga en sus Disposiciones Generales el Decreto Ley 10.067/83 “Del Patronato del Menor”.

Restando aún la reglamentación correspondiente a la nueva ley, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, promovió una Acción de Inconstitucionalidad contra la misma, solicitando asimismo como medida cautelar la suspensión de los efectos de la  norma atacada.

Así, el Alto Tribunal Provincial hizo lugar a la medida precautoria peticionada, suspendiendo en forma parcial la aplicación de la nueva norma, lo que fue comunicado al Sr. Gobernador de la Provincia.

Con ello y hasta tanto la Suprema Corte de Justicia resuelva la cuestión de fondo planteada por la Procuración General, la Legislatura Provincial sancionó la ley 12.666, norma que reestablece la vigencia  del Decreto  Ley 10.067/83.

Atento la realidad descripta, esta Comisión de Estudio y Análisis del Mapa Judicial, ratifica el dictamen preliminar elaborado por la Subcomisión del Fuero de Menores, que precede al comentario de la nueva legislación.

 


 

Fuero Laboral
   

ANTECEDENTES

 

Hace más de cincuenta años se creó en nuestra Provincia el Fuero Laboral con Tribunales del Trabajo especiales, atendiendo a las particulares características alimentarias de los créditos del trabajador, aplicando un procedimiento más ágil para la resolución de conflictos de tal naturaleza.

En aquella época, se instalaron 21 tribunales en toda la Provincia.

           A excepción de la creación a algunos tribunales aislados en distintas zonas de la misma, recién en la última década se verificaron modificaciones sustanciales. En el año 1995, a través de la ley 11.640 se crearon veinticinco (25) nuevos tribunales a distribuirse en toda la provincia, contemplando una pauta programática en función de la cual tales órganos se pondrían en funcionamiento progresivamente, atendiendo prioridades establecidas por la Suprema Corte de Justicia y las posibilidades presupuestarias de la Provincia.

 

 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL

 

Actualmente, funcionan sesenta y tres (63) tribunales laborales, restando la puesta en marcha de trece (13).

Las últimas estadísticas suministradas por la Subsecretaría de Planificación de la Suprema Corte de Justicia, que corresponden al año 1999, nos indican que se inician en la provincia un total de treinta y un mil cuatrocientas cuatro causas (31.404) por año, obteniendo un promedio de cuatrocientas noventa y ocho (498) por órgano. La media más alta le corresponde a los tribunales de Mar del Plata ascendiendo la misma a novecientas cincuenta y cuatro (954) por tribunal, mientras que la media más baja le pertenece al tribunal con asiento en la ciudad de Azul, con ciento cuarenta y una (141) causas.

Se ha podido observar que en muchos tribunales el índice de congestionamiento es mucho mayor que en otros, ello por causas distintas y variadas.  En ese orden de ideas, cabe señalar: desintegración de tribunales por licencias por enfermedad, jubilaciones, suspensiones, incremento de juicios en forma puntual, contracción al trabajo de magistrados y personal, etc.

No obstante ello, se ha detectado un sustancial aumento de las causas que se terminan, llegándose a un 95% -aproximadamente- en relación a las iniciadas.

La propuesta, por consiguiente, debe ser específica, existiendo la posibilidad de redistribución de causas tal cual lo previera la Comisión que elaborara el Anteproyecto de Reforma a la Ley adjetiva laboral y que concluyera con el dictado del artículo 32 inc. L de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Asimismo, la solución de fondo para evitar el atraso en la Justicia laboral de la Provincia de Buenos Aires consistiría en un estudio y revisión del procedimiento laboral, para lo cual esta Comisión aconseja la creación de un cuerpo especializado en la materia a efectos de tratar la cuestión planteada.

 

 

IMPLEMENTACION DE NUEVOS ORGANOS

 

En relación a la inminente puesta en marcha de nuevos tribunales ya creados por la ya citada, ley 11.640, especial consideración merece la situación del Tribunal del Trabajo con asiento en San Miguel.

            Según estadísticas del año 1999, las causas ingresadas, ascendieron a 946 por tribunal, pero en el primer semestre del año 2000, se contabilizaron 546, lo que llevaría -de mantenerse estas cifras- a un incremento de causas con respecto al año inmediato anterior. Convirtiéndose en la zona de mayor índice de litigiosidad, que va de la mano de un gran crecimiento poblacional.

Se propicia en este caso, la modificación de la ley 11.640, radicando uno de los dos Tribunales que restan implementar en San Martín, destinándolo al Partido de San Miguel, con la competencia territorial otorgada por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

            En consecuencia correspondería incoar la puesta en marcha de los siguientes órganos laborales, considerando los ochenta y tres (83) cargos ya disponibles y asignados presupuestariamente, de la siguiente forma:

 

1)     Dos Tribunales en Mar del Plata: 34 cargos.

 

2)     Un Tribunal para San Miguel:  17 cargos.-

 

3)     Un Tribunal en San Isidro:17 cargos.


TRIBUNALES DEL TRABAJO

CAUSAS INICIADAS

AÑO  1999

 

 

 

ASIENTO

CANTIDAD TRIBUNALES

CAUSAS INICIADAS

 

TOTAL

PROM.TRIB.

Avellaneda

3

1.081

360

Azul

1

  141

141

Bahía Blanca

2

1.000

500

Bragado

1

  396

396

Campana

1

  279

279

Dolores

1

  889

889

Junín

1

  478

478

La Matanza

5

2.323

465

Lanús

3

1.373

460

La Plata

5

2.627

525

L.  de Zamora

5

3.144

629

Mar del Plata

3

2.862

954

Mercedes

1

  814

814

Morón

5

1.752

350

Necochea

1

  271

271

Olavarría

1

  418

418

Pergamino

1

  524

524

Quilmes

5

2.282

456

San Isidro

6

4.191

699

San Martín

5

1.952

390

San Miguel

1

  946

946

San Nicolás

2

  546

273

Tandil

1

  300

300

TrenqueLauquen

1

  311

311

Tres Arroyos

1

  167

167

Zárate

1

  331

331

 

TOTAL

 

 

63

 

31.404

 

498

 



 

 

Fuero

Contencioso Administrativo

 

 

Hasta la Reforma Constitucional de 1994, el sistema del fuero contencioso administrativo de la Provincia de Buenos Aires estaba definido por el artículo 149, cláusula 3° de la Constitución, en cuanto le otorgaba a la suprema Corte de Justicia la competencia en esta materia, en única instancia y en juicio pleno.

Fue con la última reforma constitucional que se introdujo una sustancial modificación con relación a la competencia contencioso administrativa. En efecto el artículo 166, último párrafo de la Constitución Provincial, prevé que: “Los casos originados por la actuación u omisión de la Provincia, los Municipios, los Entes Descentralizados y otras personas, en el ejercicio de funciones administrativas, serán juzgados por TRIBUNALES competentes en lo Contencioso Administrativo, de acuerdo a los procedimientos que determine la Ley, la que establecerá los supuestos en que resulte obligatorio agotar la vía administrativa” (el destacado nos pertenece).

En coincidencia con el nuevo diagrama constitucional, se sanciona la Ley 12.074 estableciendo los Tribunales competentes para decidir los casos correspondientes al Fuero Contencioso Administrativo.

Luego, con las modificaciones introducidas por la Ley 12.310 quedó plasmada la actual estructura de los organismos jurisdiccionales del fuero.

Así, tenemos una organización judicial en la materia que nos ocupa, distribuida en dos instancias: Tribunales Contencioso Administrativos y Cámaras de Apelación.

Por su parte, la Ley 12.310 introdujo, con buen criterio, las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo, sustituyendo así al Tribunal de Casación creado por la Ley 12.074. Estas Cámaras de Apelación tienen asignada competencia para entender como Tribunal de alzada en las causas previstas en el artículo 166, último párrafo, de la Constitución Provincial, con el alcance establecido en el Código Procesal (Ley 12.008), y en instancia originaria y juicio pleno, en las demandas promovidas contra las resoluciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Es preciso señalar que al efecto de implementar y poner en funcionamiento en el nuevo Fuero Contencioso Administrativo, el artículo 32 de la Ley 12.310 –que sustituyó el artículo de la Ley 12.074-, y el artículo 27 de la Ley 12.074, establecen que el Poder Ejecutivo podrá hacerlo en forma gradual, conforme lo exijan la extensión territorial, la población correspondiente y el índice de litigiosidad de los respectivos departamentos judiciales o regiones, según el cuadro estadístico que anualmente elabora la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Asimismo, para el caso de los Tribunales, como las Cámaras de Apelación no se pusieren en funcionamiento simultáneamente, la Suprema Corte de Justicia será la encargada de determinar que Tribunales o Cámaras actuarán en las causas cuya competencia territorial les hubiese correspondido a aquellos otros previstos en la norma.

En este sentido, en la norma de delegación legal al Poder Ejecutivo, los Decretos 5188 (B.O 22/3/99) y 2309 (B.O. 16/9/99) ponen en funcionamiento seis (6) Tribunales Contencioso Administrativos y dos Cámaras de Apelación en la materia. La Suprema Corte de Justicia se encuentra autorizada para reglamentar la competencia de dichos órganos en función de los que se encuentran creados legalmente, pero que en esta primera etapa no comienzan a funcionar según las previsiones del Poder Ejecutivo. A la fecha del presente informe, la Suprema Corte no ha dictado la Acordada pertinente.

Ahora bien, tomando en consideración la distribución de competencia sobre la base del asiento y ámbito territorial, efectuada por las leyes mencionadas, y sin perjuicio de la imposibilidad de contar con datos e información estadística de alcance regional proveniente de la praxis judicial, atento que estamos en presencia de un nuevo fuero que viene a descentralizar la competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal Provincial; esta subcomisión aconseja:

1).- Poner en funcionamiento la Cámara de Apelación con asiento en la ciudad de Mar del Plata:

 

Atento la puesta en marcha de los Tribunales con asiento en Bahía Blanca y Mar del plata, es conveniente poner en funcionamiento una Cámara de Apelación en Mar del Plata en forma simultánea con los mencionados Tribunales, en virtud de la importancia que la misma tiene, no sólo para resolver conflictos de competencia entre ambos Tribunales sino además para las facultades asignadas en materia de medidas cautelares y las impugnaciones directas de las resoluciones del Tribunal de Cuentas. La sugerencia esbozada tiene fundamento en la extensión territorial que abarcan ambos Tribunales, conformando una amplísima región que incluye los Departamentos Judicial de Bahía Blanca, Necochea, Azul y Mar del Plata.

 

2).- Adecuación Legislativa del Departamento Judicial La Matanza:

 

Analizada la legislación vigente, se advierte que mientras el artículo 14 inciso 4 de la Ley 12.074 establece que un Tribunal en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Morón ejercerá su jurisdicción con competencia territorial en la región conformada por los Departamentos Judiciales de Morón y La Matanza y para el primero una alzada ante la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de San Martín, por su parte, el artículo 3 inc. 4 en la redacción dada por la Ley 12.310 (art. 31) incorpora el Departamento Judicial La Matanza, en materia de alzada, a la región cuya competencia le corresponde a la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de La Plata.

De lo expuesto, cabe colegir que corresponderá introducir la pertinente modificación legislativa tendiente a incorporar el Departamento Judicial de La Matanza –en materia de alzada- a la región competencial de la Cámara de Apelación con asiento en la ciudad de San Martín.

3).- En cuanto al pedido de traslado en materia de alzada del Departamento Judicial de Trenque Lauquen o la Cámara de Apelación con asiento en la ciudad de La Plata, no se considera conveniente en razón de:

a) Trenque Lauquen, en primera instancia, pertenece al Tribunal en lo Contencioso Administrativo con asiento en Junín, cuya alzada es la Cámara de San Nicolás;

b) De trasladar  el Departamento Judicial Trenque Lauquen, en alzada, a la Cámara de Apelación de La Plata, estaríamos en una situación análoga a la problemática que se plantea actualmente con el Departamento Judicial Matanza, y que aconsejamos subsanar en el acápite 2) de este dictamen.

c) De adoptarse el criterio expuesto en el proemio de este ítem 3, quedaría que Trenque Lauquen en primera alzada iría a un Departamento Judicial distinto –Cámara de Apelación con asiento en la ciudad de La Plata- a aquel al cual concurre en primera instancia –Tribunal con asiento en Junín que a su vez en apelación pertenece a la Cámara de San Nicolás- con lo cual, el Tribunal Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Junín, tendría una alzada distinta según se trate de causas originadas  en el Departamento Judicial de Trenque Lauquen o  en el de Junín. (¿Acaso un Tribunal podrá funcionar eficientemente en términos de administración de justicia si está sometido a una doble doctrina legal de sendas alzadas?. Además ¿Cuál de las dos Cámaras de Apelación –La Plata o San Nicolás- ejercerá las funciones de superintendencia?)

4).- Conveniencia de la incorporación a la Cámara de La Plata de un miembro:

Tal determinación se postula en procura de un funcionamiento dinámico y eficiente de dicha alzada.

En efecto, la figura de un Presidente fijo del Cuerpo, tuvo génesis con la Cámara de Casación Contencioso Administrativo –hoy suprimida-, constituyéndose como un resabio inútil de ésta. No obstante que ahora ha perdido su calidad de permanente adquiriendo el carácter de rotativo anualmente, se presencia no permite armar salas estables y definitivas.

Del mismo modo opinamos que dicho cargo, tal y como se halla concebido actualmente carece –prácticamente- de atribuciones y funciones específicas propias o relevantes como para justificar su sostenimiento.

Además, la inserción de tal figura en el cuerpo mencionado, provoca inconvenientes funcionales que imponen la constante rotación de sus integrantes, con el consiguiente impacto en la demora y efectividad de la gestión del cuerpo.

Finalmente, entre las disfunciones más salientes que provoca el cargo de Presidente de la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata, es impedir la integración definitiva del Tribunal y consolidar jurisprudencia estable en las respectivas salas.

5)- Creación de un Tribunal Contencioso Administrativo en la región central  de la Provincia de Buenos Aires:

Se ha advertido que la localización de los actuales Tribunales Contencioso Administrativos se ha incrustado a lo largo de las regiones periféricas de la Provincia de Buenos Aires, salvo claro está los localizados en el cono- urbano bonaerense, es decir sobre el límite Este.

Tal diagrama, atenta contra la efectividad y el acceso a la jurisdicción que plantea la reforma constitucional antedicha, pues dificulta la llegada de los conflictos generados en la zona Central y Oeste.

Por tal motivo, y con el propósito de equilibrar tal situación, esta subcomisión propone instalar un Tribunal Contencioso Administrativo en la localidad de Trenque Lauquen o Azul, pues éstas responden a la concentración de las zonas omitidas y constituyen cabeceras departamentales de relevancia para concentrar los litigios de la región.

6)- Organización de una Comisión de Seguimiento del Fuero Contencioso Administrativo:

Hemos avaluado la necesidad de establecer la magnitud e impacto de los cambios ocasionados a partir de la efectiva modificación del régimen en lo que hace al juzgamiento de la contienda contencioso administrativa, con el propósito de poder advertir de manera tempestiva su evolución.

Por tal motivo se considera de importancia la creación de una Comisión permanente de seguimiento del fuero en cuestión, que tendrá a cargo la ponderación y estudio de los datos estadísticos de los nuevos Tribunales, vinculándose con su efectivo funcionamiento. La misma debería integrarse con representantes del Poder Ejecutivo, Legislatura, Poder Judicial y Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.

De tal modo se podrá tener una idea acabada del impacto que se genere a partir de la aplicación del artículo 166 de la Constitución Provincial.

Esta Comisión  deberá expedirse periódicamente con relación al índice de litigiosidad que se desenvuelva a partir de la puesta en marcha del referido fuero.

 

7)- Propiciar la organización de un soporte informático:

 

Relacionado con lo expuesto en el punto anterior, se aconseja la organización de una software específicamente diseñado para la gestión de los Tribunales.

Este instrumental deberá estar interconectado por medio de vínculos que permitan el análisis y estudio estadístico del índice de litigiosidad.

Se destacan como aspectos de saliente necesidad, la conexión de todo el fuero, es decir un equipamiento técnico uniforme a todos los tribunales y cámaras, motivos y lugares de conflicto, su resultado final en la primera instancia, registro de etapas cumplidas en el expediente, tiempo insumido, su apelación y posterior recurso ante la Corte Local, etc.

Con dicho instrumental se obtendrá una idea cierta a la hora de evaluar el desarrollo de la reforma operada, al mismo tiempo que permitirá reordenar la organización regional actualmente implantada, adecuándola a una realidad que respete el mapa judicial departamental.

 

 

 

 

 

Implementación de Fuero Contencioso Administrativo

 

 

En referencia a la puesta en marcha de este nuevo fuero -como se ha dicho de raigambre constitucional-, y en la medida de las posibilidades presupuestarias de la Provincia, esta Comisión de Estudio y Análisis del Mapa Judicial, aconseja una pronta y eficaz implementación del mismo.

 



 



Justicia de Paz Letrada

 

 

 


 

La Justicia de Paz y su competencia constitucional

 

La Constitución Provincial, en su redacción dada por el constituyente de 1994, ha destinado el Capítulo VI de la sección Sexta correspondiente al Poder Judicial, al tratamiento de la Justicia de Paz.

En tal sentido, le impone a la Legislatura el deber de establecer Juzgados de paz en todos los Partidos de la Provincia, que no sean cabecera de departamento judicial; determina su competencia, la forma de nombramiento de los jueces y dispone un tipo de procedimiento especial para atender a las causas de menor cuantía y vecinales, con sujeción a una serie de principios procesales que enumera.

En lo concerniente a la competencia de los Juzgados de Paz, el artículo 172 (primer párrafo, parte final) prescribe que “serán competentes además de las materias que les fije la ley, en faltas provinciales, en causas de menor cuantía y vecinales”.

De tal manera, la definición de la competencia de los Juzgados de Paz ha sido diferida al legislador para que éste enuncie las materias involucradas, pero con la atribución  exclusiva y excluyente del conocimiento de las faltas provinciales, causas de menor cuantía y vecinales.

Ello así, con la salvedad introducida por la disposición transitoria del artículo 216, en el sentido de que hasta tanto entren en funciones los órganos jurisdiccionales letrados, en aquellos partidos donde no existan Juzgados de Paz, entenderán en materia de faltas provinciales o contravencionales, los Juzgados Criminales y Correccionales en la forma que determine la ley.

En razón de los expuesto, cabe destacar que la determinación de la competencia de los Juzgados de Paz, ha quedado librada a la voluntad del legislador, con una limitación impuesta en materia de menor cuantía,  vencindad y faltas provinciales, cuyo conocimiento le ha sido atribuido a la Justicia de Paz por el propio constituyente.

 

 

Creación de Juzgados de Menor Cuantía, Vecindad y faltas

 

Los asuntos de menor cuantía, vecindad y faltas no son debidamente atendidos por los órganos ordinarios de las cabeceras departamentales, principalmente, aquellos que tienen los índices de litigiosidad más altos.

En tales cabeceras departamentales o, eventualmente donde no existen Juzgado de paz, deben crearse los Juzgados de Menor Cuantía, Vecindad y Faltas, tal como lo prevé la Constitución.

En efecto, según el nuevo artículo 172 de la Carta Magna Provincial, podrán crearse en los Partidos donde no existan Juzgados de Paz “órganos jurisdiccionales letrados para entender  en cuestiones de menor cuantía, vecinales y faltas provinciales...”.

En los Partidos cabeceras de departamentos Judiciales, o en los Partidos que cuenten con Juzgados descentralizados de Primera Instancia , esos nuevos juzgados a crear serán competentes para entender en los asuntos de menor cuantía, vecindad y faltas, conforme las disposiciones actualmente vigentes.

La ley de creación deberá establecer un procedimiento especial, que garantice la inmediatez , informalidad, celeridad, accesibilidad y economía procesal, y preferentemente la conciliación.

Mientras no se creen esos nuevos órganos en las cabeceras departamentales, por la norma transitoria del art. 216 de la Constitución Provincial resulta que “...hasta tanto entren en funciones los órganos previstos en el art. 172 entenderán en materia de faltas contravencionales los juzgados criminales y correccionales en la forma que determine la ley”.

Es obvio que se trata de una competencia atribuida directamente a los órganos preludiados, y no de una mera instancia revisora, que la Constitución recientemente  reformada sólo ha previsto para el caso  de las llamadas faltas municipales (art. 166, segundo apartado).

 

 

Instalación de nuevos Juzgado de Paz

 

El nuevo texto del artículo 171 de la Constitución de la Provincia determinar que se establecerán Juzgados de Paz en todos los Partidos de la provincia que no sean cabecera de departamento, previendo expresamente que su número se podrá incrementar “conforme el grado de litigiosidad, la extensión territorial y la población respectiva”.

El número de asuntos que tramitan por ante algunos Juzgados de paz, sobre todo del Gran Buenos Aires, entre los cuales se incluyen los derivados de la recién asumida competencia  sobre faltas y contravenciones, amerita la necesidad de crear nuevos Juzgados de paz que se sumen a los ya existentes en esos Partidos.

 

Implementación transitoria de nuevas Secretarías en algunos Juzgados de Paz

 

Como solución transitoria, sería aconsejable que mientras se provee el dictado de la ley de creación de nuevos Juzgados que venimos mencionando y se cumpla con los mecanismos de designación de sus titulares –entre ellos, la preselección por parte del Consejo de la Magistratura-, se proceda a crear y poner en marcha nuevas Secretarías en los Juzgados existentes, delegando en la Suprema Corte la oportunidad y forma de instrumentar esta opción.

Por otra parte, las estructuras de esas Secretarías servirían de base, en un segundo momento, para la instalación definitiva de los juzgados cuya creación se propicia. 

 

Supresión de  las Secretarías del Registro Público de Comercio

Las Secretarías del Registro Público de Comercio han perdido gran parte de su cometido, sobre todo en desmedro de las funciones de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que se ocupa del registro y contralor de las sociedades comerciales de cualquier especie. Sus tareas pueden ser absorbidas por los nuevos Juzgados de Menor Cuantía, Vecindad y Faltas que se creen en ciertos departamentos.

 

Las estructuras y recursos existentes en tales Secretarías, tanto materiales como humanos, pueden y deben aprovecharse para la instalación en ciertas cabeceras departamentales de los Juzgados de Menor Cuantía, Vecindad y Faltas.

 

Superación de las urgencias inmediatas

 

La puesta en marcha anticipada de Secretarías, unida a la correlativa supresión de las Secretarías del Registro Público de Comercio, a las especiales facultades que se acuerde a la Suprema Corte de Justicia y a lo que también se arbitre en otras normas complementarias, constituye la solución más rápida y viable posible, hasta tanto se complete la instrumentación definitiva de los respectivos órganos, con la designación de los jueces titulares y la consiguiente asunción de la totalidad de la competencia restante, esto es, la materia de menor cuantía y vencindad.

 

Necesaria reforma de la leyes orgánicas

 

Dado que es la 5827 y sus modificatorias, la que organiza el Poder Judicial de la Provincia, la creación de los nuevos órganos, su composición, las atribuciones de competencia, tanto como la supresión, en algunos departamentos, de las secretarías del Registro Público de Comercio, deben concretarse a través de reformas a ese ordenamiento.

 

Sin embargo, la creación  de nuevas Secretarías puede ser dispuesta por la Suprema Corte de Justicia en tanto se le acuerden las respectivas asignaciones presupuestarias.

 

 

La doble instancia en materia de faltas provinciales.

 

En el régimen anterior, la instancia originaria se asentaba en la Jefatura de la Policía, conociendo conociendo del recurso de apelación el respectivo juez en lo Criminal y correccional. 

 

Conforme a las normas vigentes, los tribunales de Alzada que entienden en materia de faltas son la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, lo que deberá mantenerse, sin perjuicio de que pueda analizarse la amplitud de su competencia devuelta.

 

La competencia de los nuevos Juzgados de Menor Cuantía, Vecindad y Faltas.

 

En punto a la competencia ratione materiale en los juzgados de menor cuantía y vecindad, se piensa que ésta debe ser homogénea en toda la Provincia y que, en todo caso, la descripción de nuevos conflictos, la aplicación de criterios ratione quantitatis o la definición de las cuestiones de vecindad, debe ser materia de una regulación especifica, precedida de los estudios y consultas necesarios (incluidos los aspectos presupuestarios y la formación de los operadores), que esté referida no sólo a nuevos órganos a instalar en ciertos Partidos cabecera de Departamento Judicial, sino a todos los demás.

 

Por eso, se estima que cabe asignar a los nuevos Juzgados con asiento en cada cabecera departamental que técnicamente se puede reputar de menor cuantía, extraídos de entre las materias actualmente asignadas a los Juzgados de Paz Letrados, más la que les corresponde a las actuales Secretarías del Registro Público de Comercio que, como ya se ha expresado, han quedado en nuestros días a cargo de funciones de menor entidad, residuales de su competencia originaria, al punto que ya no se justifica su existencia autónoma.

 

También se considera apropiado asignar a los Jueces de Paz litigios vinculados con la defensa del consumidor (ley 24.240).

 

Revisión de la competencia ratione materiae de los Juzgados de Paz Letrados.

 

La competencia en razón de la materia de la Justicia de Paz debe reexaminarse con miras a su ampliación a otras materias de índole jurisdiccional  -especialmente aquellas vinculadas al derecho de familia-, y a minimizar el impacto de las cuestiones de naturaleza eminentemente administrativa que actualmente tienen a su cargo.

 

También deberán definirse y enumerarse las cuestiones que puedan considerarse de menor cuantía y de vecindad, en base a criterios más modernos, asuntos en los cuales la constitución les atribuye indelegable competencia.

 

Necesidad de diseñar un nuevo proceso para la menor cuantía.

 

El nuevo artículo 174 de la Constitución Provincial de 1994 prevé también, para las cuestiones de menor cuantía y vecindad, un tipo de proceso predominantemente oral que satisfaga los principios de inmediación, informalidad, accesibilidad, economía y celeridad.

 

Cabe proponer un proceso que se apegue a esas directivas, elaborado en base al juicio sumarísimo que regula el Código Procesal en lo Civil y Comercial, con las innovaciones necesarias, sin perjuicio de que en el futuro se encare un modelo más elaborado y especifico, a propósito de una redefinición de la menor cuantía y de la tipificación de las cuestiones de vecindad.

 

En ese sentido se postula que las referidas cuestiones de menor cuantía y vecindad, tramiten de acuerdo con las reglas que se establecen en el Libro VII, Título I del Código Procesal Civil y Comercial o, en su caso, por lo establecido en el articula 496 del mismo ordenamiento.  

 

En todos los supuestos, deberá procurarse que las audiencias de prueba se concentren en un solo acto, salvo necesidad de prolongación, y que se reciban en forma oral, dejándose constancia en el acta respectiva sobre las personas que comparecieron, las circunstancias que se consideren esenciales y toda otra que, a pedido de parte, el Juez considere conveniente.     

 

Igualmente, habría que disponer que en la misma ocasión, al iniciarse el acto del Juez, actuando personalmente, bajo pena de nulidad, procurará conciliar a las partes y, en su caso, las invitará a reajustar sus pretensiones y a desistir de las pruebas innecesarias, superfluas u onerosas, sin perjuicio de las facultades que otorga el articulo 362 del Código Procesal.

 

La intervención letrada debe ser facultativa para las partes a no ser que el juez considere necesaria, en cuyo caso procederá conforme al articulo 57 del Código Procesal Civil y Comercial.

 

También debe exceptuarse a estos asuntos de la aplicación de los honorarios mínimos establecidos por el decreto-ley 8904/77.

 

Adopción de nuevas herramientas procesales  para los procesos ante la Justicia de Paz y de Menor Cuantía 

 

La adopción de algunas herramientas procesales, a propósito de la reforma procesal antedicha puede contribuir notablemente a la solución menos onerosa de ciertos conflictos. Así por ejemplo, con la instauración de los procesos de estructura monitoria que, en principio, pueden aplicarse a todo tipo de asuntos.

 

La conciliación extra o perjudicial o la intrajudicial también puede reducir el número de causas en la Justicia de Paz. Tratándose de la judicial pueden arbitrarse diversos mecanismos, haciendo que la lleven adelante los propios jueces u otros funcionarios designados al efecto.

 

Complementariamente deben arbitrarse mecanismos que descarguen a los Jueces de Paz de asuntos no jurisdiccionales o meramente administrativos. Así, en la certificación de firmas o de copias de documentos la solución no pasa por más juzgados sino por la creación de oficinas de menor nivel, aún cuando puedan depender de los actuales juzgados.

 

Notificaciones y comunicaciones

 

En lo atinente a esta materia la S.C.J.B.A. ha conformado una comisión para reformar el sistema de notificaciones en todos los fueros, cuyo propósito, sin duda, apunta a la utilización de medios electrónicos (e mail, fax) u otros de diferente entidad ( carta documento, etc.).

 

Los Juzgados de Paz, sobre todo del interior, cumplen una importante tarea en la materia.

 

También está en ciernes contar en el Poder Judicial con un sistema de comunicaciones vía satélite entre todos los Juzgados de Paz y a través de cada uno de los respectivos Municipios.

Estos últimos se encuentran actualmente enlazados por una red satelital Provincial.

 

La cuestión podría ser considerada por la Comisión, teniendo en cuenta que tal emprendimiento contribuirá a la descongestión de los Juzgados de Paz en esta materia.

 

El Ministerio Público en el Fuero de Paz

 

En cuanto al Ministerio Público, en el artículo 91 del Capítulo VII de la referida ley Orgánica 5827, según el texto introducido por la Ley 9229, como así también por la ley 11.593, se establece que “...cuando se requiera la intervención del Defensor de Pobres y Ausentes o del Asesor de Incapaces, el Juez de Paz Letrado procederá a desinsacular un letrado de la lista que al efecto confeccionarán anualmente los Colegios de Abogados Departamentales para cada partido, con los abogados que voluntariamente se inscribieren para desempeñar tales funciones...”. Salvo que en un Partido determinado no hubiere, al menos tres abogados inscriptos, en cuyo caso el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia arbitrará lo necesario.

 

Por otra parte, ese desempeño de los abogados de la matrícula “...será obligatorio e inexcusable”, y por su intervención, “el letrado percibirá una remuneración con cargo al Presupuesto del Poder Judicial, en la forma que establezca la reglamentación  de la Suprema Corte de Justicia, que deberá prever una escala de honorarios a valores de unidad arancelaria prescripta por el Decreto-Ley 8904/77”.

El índice de litigiosidad que se presenta en algunos Juzgados de Paz, y sobre todo la reciente asunción por parte de los mismos de la competencia en materia de faltas provinciales, justifica que se considere crear los órganos faltantes del Ministerio Público para el Fuero de Paz, en especial las Defensorías, en lo Partidos que se estime necesario.

 

 

 

 

 

Conclusión

 

            Esta Comisión recomienda la consideración de todos los aspectos precitados en el entendimiento de que la solución de los problemas de funcionamiento de algunos Juzgados de la Justicia de Paz, derivados del recargo de tareas que afecta a los mismos, no puede acometerse solamente con la creación de más órganos.

 


 



Conclusiones Finales

 


CONCLUSIONES FINALES

 

 

            La creación de departamentos judiciales no garantiza una mejor prestación del servicio de justicia que se logra, generalmente, con la instalación de órganos de decisión judicial.

 

            Por ello, el incremento de órganos jurisdiccionales como medio para alcanzar una justicia más ágil y eficaz, debe estar precedido de un análisis comprensivo de la estructura judicial de nuestra provincia, y de los distintos aspectos de la realidad, que incluyan los factores políticos, geográficos, económicos, demográficos, laborales, etc.

 

         Es importante puntualizar que deben ser tenidos especialmente en cuenta los medios tecnológicos hoy disponibles para la optimización del servicio de justicia.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al igual que la Procuración General, ha emprendido la informatización de los órganos jurisdiccionales. La aplicación de la informática a la gestión de las causas judiciales permite la consulta de los mismos a distancia, generándose de este modo un acercamiento de la justicia a los ciudadanos, evitando traslados, acortándose plazos y brindando transparencia al sistema.

 

Además, las bases de datos debidamente controladas y con sistemas de seguridad apropiadas permiten efectuar fielmente el control de gestión que permitirá ser utilizado como elemento de decisión para el “rediseño” de la justicia.

 

            Paralelamente deberá evaluarse su correspondencia con la situación presupuestaria provincial en orden a la atención de las distintas necesidades que demanda la población.

            Es que el acceso a la justicia que garantiza el artículo 15 de nuestra Constitución Provincial, no pasa por la organización burocrática y el mayor dispendio de los escasos recursos existentes, sino por la efectiva acción de los organismos directamente vinculados a la resolución de las causas.

           

Ello involucra indudablemente, a todos los protagonistas del proceso judicial, pero muy especialmente son los organismos del propio poder los que deben asumir claramente sus funciones de contralor de la aplicación de los recursos humanos y económicos, con el único objetivo de mejorar y optimizar su rendimiento.

 

Posiblemente, la elaboración de un régimen orgánico de formación y actualización de los jueces y funcionarios permitiría el establecimiento de pautas objetivas de evaluación funcional que se podrían utilizar para la aplicación de un mecanismo de control de gestión, elaborado con el objetivo de mejorar el rendimiento de los recursos existentes.

 

            La planificación judicial que en tal sentido se haga, en orden a la creación de órganos jurisdiccionales, debe tener en cuenta que cualquier modificación de la situación existente debe atender la realidad, en el marco de la actual división de la provincia en departamentos judiciales.

 

·        Por un lado debe tenerse en cuenta aquellos lugares, que ya cuentan con una infraestructura adecuada para su funcionamiento como Departamentos Judiciales, siempre que la prudente valoración en orden al incremento poblacional, vías de comunicación, desarrollo económico, transporte público, índice de litigiosidad e infraestructura edilicia, ameriten su creación.

 

En tal sentido, la decisión a tomarse se ve facilitada, pues la existencia de Juzgados de Primera Instancia o Tribunales de Instancia Única, dependencias del Ministerio Público y/u otras Oficinas Judiciales, permitirían que con la creación de Tribunales de Alzada y la previa construcción o afectación de edificios ya existentes, se contara con una sede judicial susceptible de ser transformada en Departamento Judicial.

 

·        Por otra parte, en aquellas ciudades que no se encuentran en las condiciones descriptas en el punto anterior, pero que existe una importante concentración poblacional y una cierta problemática atendible, debe estarse a la tendencia de descentralizar órganos judiciales, con el objeto de tender al acercamiento de la administración de la justicia al justiciable, con la creación de nuevos órganos, cuando el índice de litigiosidad  indique dicho temperamento.

 

Asimismo, antes de pensar en nuevas creaciones, debe darse prioridad a  la instrumentación definitiva de los órganos ya creados por vía legislativa, con las aclaraciones que en particular se efectúan al tratarse cada fuero en forma específica, con excepción de aquellos casos en que la realidad judicial, haga necesario en forma imperiosa su creación  y se cuente con  los recursos materiales y humanos que permitan su implementación.



 



Integrantes

 

Comisión de Estudio y Análisis del Mapa Judicial

 


Subsecretario de Justicia

Dr. Carlos Alberto Martínez

 

Subsecretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social

Dr.  Miguel Angel Plo

 

Presidente del Tribunal de Casación Penal

Dr. Federico Guillermo José Domínguez

 

Procurador General de la Suprema Corte de Justicia

Dr. Eduardo Matías de la Cruz

 

Presidente Colegio de Abogados de la Provincia de Bs.As.

Dr. Juan Carlos Abud

 

Subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno

 Dr. Luis A. Montagnaro

 

Asociación Judicial Bonaerense

Esc. Mario Marcelino García

 

Senadora

Dra. Cristina Azcueta

 

Diputados

Dr. Carlos Eduardo Bonicatto

Dr. Roberto Costa

 

Diputada

Dra. Marta S. Ferrara

 

Pte. de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial  La Plata
Dr. Enrique Eduardo Bissio

 

Pte. Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín

Dr. Raul Ernesto Cabanas

 

Sr. Juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata

Dr. Pedro Luis Soria

 

 

 

 

Pte. de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Lomas de Zamora

Dr. Miguel María Alberdi

 

 

Secretaría de Coordinación General

Dra. Claudia Marcela Corrado

 


 

 

Colaboradores


 

Se agradece la valiosa y oportuna participación en la Comisión de Estudio y Análisis del Mapa Judicial a los siguientes Magistrados y Funcionarios:

 

Sr. Ministro de la Suprema Corte de Justicia

Dr. Juan Carlos Hitters

 

Sus Colaboradores:

Subsecretario de Gobierno de la Suprema Corte de Justicia

Dr. Héctor Campi

 

Subsecretaria de Planificación de la Suprema Corte de Justicia

Dra. Hortensia M. Vaz Flores

 

Sr. Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires

Dr. Carlos Paulino Pagliere

 

Sr. Vice Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires

Dr. Carlos Ramón Lami

 

 

Asimismo, se agradece la apreciada colaboración de los siguientes académicos, juristas, magistrados y funcionarios en la redacción de los dictámenes preliminares, a saber:

 

Fuero Civil y Comercial / Fuero de Familia:

 

Coordinadores:

Dr. Juan Carlos Abud y Dr. Carlos Ramón Lami

Colaboradores:

Dr. Oscar J. Martínez

Dr. Roberto Berizonce

Dr. Néstor Vasquez

Dra. Alicia Proeto

 

Fuero Criminal y Correccional:

 

Coordinadores:

Dr. Miguel Angel Plo, Dr. Carlos Bonicatto, Dra. Marta S. Ferrara

Colaboradores:

Dr. Eduardo Matías de la Cruz

Dr. Luis Chichizola

Dr. Mario Coriolano

Dr. Carlos Pettoruti

Dr. Silvio R. Duarte

Dr. Eduardo Carlos Hortel

Dr. Víctor E. Hortel

Dr. Rodolfo Díaz

Dr. Juan José Giombini

Dr. Santiago Canicoba

Dr. Juan Manuel Casanovas

Dr. Gustavo Chavero

Dr. Martín Carrique

 

Fuero de Menores:

 

Coordinador:

Dr. Carlos Alberto Martínez

Colaboradoras:

Dra. María Estela Testoni

Dra. Claudia Marcela Corrado

 

Fuero Contencioso Administrativo:

 

Coordinadores:

Dr. Luis Montagnaro, Dra. Cristina Azcueta

Colaboradores:

Dr. Ricardo Ortiz

Dr. Daniel Soria

 

Fuero Laboral:

 

Coordinador:

Dr. Roberto Costa

Colaboradores:

Dr. Edgar A. Valiente

 

Justicia de Paz Letrada:

 

Coordinadores:

Dr. Miguel A. Plo, Dr. Luis Montagnaro, Esc. Mario M. García

Colaboradores:

Dr. Oscar J. Martínez

Dr. Emilio Ibarlucía

Dr. Ricardo Reto

Dr. César Antonacci

Dr. Bernabé Fiorincino

Dr. Julio C. Arturi

Dr. Luis Laserna

Dr. Adrián R. Lamacchia

Dr. Sixto Mihura

Dr. Juan Manuel Casanovas

 


 

 

 

 

 



* En una etapa inicial y de acuerdo con los cargos existentes, dicho desdoblamiento alcanza a las departamentales San Martín,  Lomas de Zamora, San Isidro, La Plata  y Mercedes.



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