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Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial
de la Provincia de Buenos Aires

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Miembro integrante de la Federación Argentina de la Magistratura

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El Principio de la Intangibilidad de las Remuneraciones
Nota Dr.Carlos Ramón Lami

Con anterioridad al presente, he aportado al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires (cuya titularidad del órgano de Fiscalización me ha sido confiada), diversos trabajos sobre los ingresos de Magistrados, Funcionarios y Empleados. Los elementos que lo integran y la proporcionalidad existente. Procurando establecer de qué manera gravitan en su significación definitiva. Y la relación numérica entre un empleado, un Funcionario y los Jueces de las distintas instancias (comparación interna). A su vez su relación con el Poder Judicial Nacional (comparación externa nacional) y la Administración Pública (ídem provincial). No he explicitado la comparación con los otros Poderes del Estado Provincial por diversos motivos; aunque obra ella en mi poder.

También que si se quiere hablar de porcentualidad allí expresamos que la de los Jueces se ha depreciado en más de un tercio.

Por tanto y para mayor información remito al lector interesado a dichos trabajos (1) Reflexiones... antes de otorgarse el 13,7 % de aumento...- págs 1 a 10; 2) Consideraciones posteriores -págs I a III; 3) y una serie de planillas complementarias, como de actualizaciones y referencia a informaciones periodísticas posteriores.

Tales trabajos obran en poder de las Asociaciones de Magistrados de la Provincia desde marzo/06 y la mayoría de ella los ha difundido en sus boletines y páginas informativas. A su vez aprobados y hechos propios por el Consejo Directivo del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, fueron entregados a la S.C.J.Bs.As. en manos de su Presidente, al Sr. Ministro de Justicia (quien lo remitió al Ministerio de Economía); y a la Sra. Procuradora General.

Significo esto para destacar que ya esta en conocimiento de las autoridades las conclusiones que allí se resaltan, y que por esta vía se procura actualizar nuevamente, procurando establecer un legitimo e institucional plan de actuación. Toda vez que lo que sigue es un proyecto de presentación ante los tres poderes del Estado de la entidades que nos representan, solicitando se adopten las medidas que correspondieren en el marco de sus atribuciones y responsabilidad para cumplir así lo dispuesto por la Corte Nacional.

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN CON MIRAS AL FUTURO

Ha dicho la C.S.J.N. en causa "Chiara Díaz, Carlos Alberto y ots. c/ Estado Provincial de Entre Ríos", en fecha 7 de marzo de 2.006 que la prohibición de reducir las remuneraciones de los Jueces mientras duren en sus funciones, consagrada en la Constitución local y el art. 110 de la Constitución Nacional, tiene por objeto garantizar la independencia e imparcialidad de la justicia, en cuanto poder del Estado. Y que en el contexto de una economía "indexada" en la que la generalidad de los precios y salarios se actualiza periódicamente de manera automática, la omisión de reajustar las remuneraciones de los jueces equivale en la práctica a disminuirlos. Pero que en el actual contexto económico y legal (prohibición indexatoria de las leyes 23.928 y 25.561) actualizar únicamente los haberes judiciales, exceptuándolos de la prohibición legal vigente en la materia, equivaldría no a mantenerlas, sino a incrementarlas respecto de las retribuciones que perciben los restantes asalariados, generando un componente inflacionario y una situación injusta. Pérdida de valores que debe considerarse en el contexto social; sector por sector y caso por caso.-

Y del Voto de los Dres. Zaffaroni, Lorenzetti y Highton de Nolasco (a lo cual debe agregarse el voto del Dr. Fait que en disidencia propone directamente la actualización de haberes, según leyes locales. Y respecto de la Dra. Argibay -quien no entra en el tema- merece verse su voto sobre la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces in-re: “Gutiérrez c/ A.N.S.E.S” respecto del descuento a los haberes de un Juez jubilado de San Juan), surge que la sostenida intangibilidad de los haberes de los Jueces prevista en el art. 110 de la Constitución Nacional es una garantía institucional, siendo su respeto fundamental para la independencia del Poder Judicial y para la forma republicana de gobierno (con profusa cita de antecedentes del Tribunal). No consagrando la norma ni un privilegio, ni un beneficio exclusivo de carácter personal o patrimonial de los Magistrados, sino el resguardo del equilibrio tripartito de los poderes del Estado. Siendo dicha intangibilidad de los sueldos un seguro de su independencia efectiva que beneficia a la misma sociedad en tanto tiende a preservar la estricta vigencia del estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Abundando luego en fundamentos y citas de propios antecedentes al respecto (ver fallo en extenso).-

Por ello –prosiguen los votos en sus fundamentos 10) y 11)- no implicando necesariamente intangibilidad, actualización monetaria; y en orden a establecer la ponderación y significado de la garantía institucional, se vincula a esta con la esencia republicana de gobierno, no pudiendo la misma ser soslayada por las provincias. Debiendo la Corte Federal analizar si “la sustancia de la mentada garantía de los jueces provinciales se encuentra preservada o no...”.

Concluyendo con que “una compensación indigna, o demasiado alejada de los promedios nacionales alejará a los Jueces de sus cargos y consagraría una remoción indirecta, con palmaria afectación de las instituciones republicanas, lo que es constitucionalmente inadmisible en un estado de derecho “...” y por ello es que se considera que las remuneraciones judiciales de todo el país deben reconocer una cierta base igualitaria mínima respecto de las condiciones salariales de sus magistrados que hagan a la dignidad, inamovilidad e independencia de éstos. En este sentido, la valoración que las provincias hagan del merecimiento salarial de sus Jueces, no puede alejarse en forma grosera de las remuneraciones que perciben lo demás Jueces en las restantes jurisdicciones, tanto a nivel Nacional como Provincial... a efectos de no violar el art. 5º de la Constitución Nacional” (ver dos artículos de nota al fallo citado, de María Rosa Caballero de Aguiar – La Ley 25/8/06- pág. 3; y de Enrique Máximo Pita. La Ley 25/8/06, pág. 5).-

Tales conceptos fueron a su vez reiterados en el dictamen del Procurador General ante la C.S.J.N. en causa “Straib, Alberto y otros c/ Provincia de Mendoza s/ Ac. De Amparo”, con sentencia del 23 de mayo de 2.006, donde además se sugiere una instancia conciliatoria por el Cimero Tribunal, por la gravedad institucional del conflicto suscitado en similar acción de Magistrados provinciales. E incluso la Corte Nacional recientemente ha reiterado que la garantía de intangibilidad alcanza a Miembros del Ministerio Público equiparados al nivel de los jueces; (in-re: “Díaz Cabral, Marcelo c/ Estado Nacional s/ empleo público” - 18/7/06).-

Conciente de una situación que se viene deteriorando progresivamente, y sin por ello ceder a las pretensiones que los Magistrados han planteado ante diversos estrados judiciales, en causas en las cuales se han aportado, o se habrán de esgrimir tales significativos precedentes, que se consolidan como de actuación insoslayable, me permito puntualizar las variantes que inciden en los ingresos de Magistrados y Funcionarios y su significación a la luz de la señalada jurisprudencia de la Corte Nacional. Procurando con ello no sólo compartir anteriores peticiones del Colegio de Magistrados y Funcionarios Provincial formuladas ante diversos poderes del estado provincial –apoyadas por trabajos basados en cálculos y estadísticas referenciados ut-supra - sino evitar las consecuencias de acciones judiciales que a la postre habrán de incidir negativamente en el erario público al dilatarse la aplicación de tales directrices jurisprudenciales de primer rango. Lo cual habrá de incidir indirectamente en el patrimonio del contribuyente al dilatarse injustificadamente el respeto de tales principios (ver fallo Corte Nacional sobre jubilaciones, respecto de un desigual trato de los beneficiarios por la sola razón de su mayor significación).

Estado actual de los haberes. Aplicación de las pautas señaladas.

El fallo reseñado puede resumirse en lo siguiente: para garantizar la intangibilidad no deben actualizarse los haberes por índices de depreciación monetaria. A tales fines deberán ponderarse los incrementos otorgados en las distintas escalas del mismo poder (comparación interna); de la administración pública provincial (comparación externa local) y con otros niveles nacionales (comparación nacional). A su vez señala la Corte, que no deba tomarse un lapso breve, sino más bien extendido en el tiempo –Y contrastarlo con las posibilidades financieras del estado.

Tomando la referencia desde la convertibilidad surge: Incremento del costo de vida e/ diciembre 2001 y julio /2006 = 82% (aprox.).

Aumento de sueldos en igual período a Magistrados y Funcionarios Categ. 20/23 37,5%.

Diferencia en menos del 44,5%.

Comparación:

Promedio de aumento en el resto de las escalas del Poder Judicial Provincial: 74,45% (con extremos e/ 60 y 96%). Ellos no es sino consecuencia de un tratamiento diferenciado en menos para los jueces (porcentajes de incrementos reiteradamente inferiores).

En la administración Pública Provincial el incremento promedio fue del 23% por encima del costo de vida (El Día 24/5/06). O sea se aumentó en el 105% de promedio (con picos en la docencia en el 26% y en el escalafón general de la administración pública del 29%). Ello ha sido expresado por el Sr. Gobernador en el contexto de declaraciones publicadas por el diario El Día del 31/8/06 – págs. 1 y 6.

Los ingresos provinciales en 4 años se incrementaron en el 180% (diario El Día 4/6/06).

De la comparación con el Poder Judicial de la Nación, surge que a la fecha los Magistrados Nacionales perciben un promedio del 33,33% por encima de los sueldos de los Magistrados pciales. Lo cual se extiende a los secretarios con un 51% en promedio sobre los haberes locales. Y si en el promedio de escalas se incluye a Secretarios, en el orden nacional perciben cerca de un 40% (39,26%) más sobre el sueldo provincial.

Conclusión:

Entiendo que nuestras instituciones deben solicitar de los Poderes del Estado Provincial, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, que arbitren los medios para aplicar los postulados y efectos de la sentencia de la C.S.J.N (Chiara Díaz c/ Estado) actuables al caso. Ello en la inteligencia que Magistrados y Funcionarios provinciales ya han dado suficientes muestras de solidaridad con la situación económica padecida al dilatarse el acogimiento de sus reclamos por cerca de cinco años y aguardar la aplicación de tal fallo durante seis meses, sin haber recibido propuestas ni anuncios por parte de quienes son los responsables de la aplicación de los sentados principios. Reclamando un trato al menos igualitario, luego de la discriminación negativa que surge de los porcentajes otorgados a otros sectores (muy superiores a los propios), y sin desconocer las justas reivindicaciones de otros estamentos; sin mengua de reclamar la igualdad ante la ley (artículo 16 C.N) a favor de quienes ejercen una de las actividades más trascendentes del Estado cual es la de impartir justicia, estando sujetos a las incompatibilidades de ley.

General San Martín, 12 de Septiembre de 2006.-
CARLOS RAMÓN LAMI



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